- La gestión de las tres cárceles de Euskadi tiene ante sí un evidente margen de “mejora” fruto del trabajo “más cercano” que se llevará a cabo, una vez esta competencia recayó ayer, día 1 de octubre, en el Gobierno Vasco, como estaba previsto. Una fecha “histórica”, tal y como señaló la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dado que supone el cumplimiento, más de 40 años después, de una de las transferencias más emblemáticas de las contempladas en el Estatuto de Gernika. Al mismo tiempo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó en el Parlamento Vasco que se ha abierto una “oportunidad” de cara a “aplicar una política penitenciaria justa”, con el objetivo de que las prisiones “no estén estigmatizadas”.

Este traspaso se escenificó en la cárcel de Basauri con el descubrimiento de una placa con su nueva denominación, Centro Penitenciario Bizkaia, y con una reunión de trabajo entre Artolazabal y los directores de los tres centros. Como primer paso, todos ellos fueron ratificados en sus puestos: Vicenta Alonso al frente del penal vizcaíno, Marian Moreno en el de Gipuzkoa y Benito Aguirre en el de Araba. Pese a lo señalado de esta transferencia, la consejera reivindicó que la de ayer fue “una jornada más de trabajo”, dentro de lo que se espera sea una transición tranquila.

El Gobierno Vasco deberá mantener por tanto un equilibrio entre las mejoras previstas y el aprovechamiento del “trabajo bien hecho realizado hasta ahora”. También entre un cambio que será progresivo pero en el que ayer mismo se empezaron a adoptar las primeras decisiones que afectaban a los internos. El éxito cuenta con el aval, según Artolazabal, de las otras transferencias que han ido llegando a Euskadi “en estas décadas de autogobierno”.

Lo temprano de la convocatoria obedeció a que la consejera debía acudir después al pleno de control del Parlamento Vasco, por lo que pidió disculpas a los presentes. En su discurso, destacó que la labor de su Departamento tiene como ejes la perspectiva de género, la atención a las víctimas y la defensa de los derechos humanos, la modernización de la justicia y la cercanía a los colectivos más vulnerables. A todo ello se suma, desde ayer, “la reinserción sociolaboral de presos y presas desde una perspectiva formativa”.

Artolazabal puso en valor la aprobación el jueves en el Parlamento Vasco, por amplia mayoría, de Aukerak, la Agencia Vasca para la Reinserción Laboral de los reclusos, que echará a andar el 1 de enero tras un periodo de transición. Agradeció a los directores de los tres centros su colaboración para “aterrizar en un campo tan complejo como la gestión penitenciaria” y, durante su reunión, les hizo entrega de tres manuales: de régimen interior y seguridad, de gestión penitenciaria y de intervención penitenciaria, que procedieron a analizar. A Basauri acudieron también la viceconsejera Ana Agirre, el director de Justicia, Eugenio Artetxe, y el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia.

Artolazabal recordó que las bases del modelo penitenciario vasco, que “empieza hoy a dar sus pasos, fueron aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco”. Se refería así a las resoluciones aprobadas en marzo de 2019, que abogan por un modelo “inteligente y democrático”, basado en la reinserción y en las prácticas restaurativas, y que impulse el régimen abierto y las salidas diarias. Añadió que “tenemos clara la hoja de ruta y sabemos el destino al que queremos llegar” y recalcó que en esta tarea se miran en el espejo del sistema vasco de Justicia Juvenil, cuyos “valores y experiencia nos inspiran”.

Ya en sede parlamentaria, y en respuesta al representante de PP+C’s Luis Gordillo, habló de las condiciones de los funcionarios de prisiones tras el traspaso. Artolazabal reiteró que dichas condiciones “se van a mantener y en ocasiones se van a mejorar”. Recordó que el Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo con Acaip-UGT, el sindicato mayoritario en el ámbito de las prisiones vascas, acuerdo que fue respaldado en la Mesa Sectorial de la Administración General. “Se trata de un acuerdo prudente, que ha sido enriquecido con las aportaciones de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial. En líneas generales, se puede decir que se mantienen las condiciones generales de la plantilla hasta finales de 2023”, apostilló.

En declaraciones a Radio Euskadi, la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, aseguró que “después de 40 años es un día que representa muchísima emoción y una enorme responsabilidad”. Explicó que se trata de una transferencia “muy política”, ya que “el contexto de ETA, el fin de ETA y un tiempo después del fin de ETA, casi una década, ha marcado la posibilidad de que la transferencia haya podido ser efectiva”. Confirmó que los principios de la justicia restaurativa “ya se están incorporando a los tratamientos penitenciarios”.

De nuevo en el Parlamento Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu se refirió a esta cuestión a preguntas de la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, y defendió que “la resocialización de los presos es el objetivo principal de la política penitenciaria”. Calificó por ello esta transferencia como “una oportunidad para hacer las cosas de forma correcta y que el trato humano y la resocialización se pueda conseguir”.

Fijó además como objetivo que las prisiones “no estén estigmatizadas” y aseguró que “tenemos la oportunidad si hacemos las cosas de manera correcta y si aplicamos una política penitenciaria justa”. Celebró que el de ayer fue “un día señalado. Hace 85 años se aprobó el primer Estatuto de Euskadi y hoy lo celebramos, precisamente con un nuevo paso para reforzar nuestro autogobierno”, que se ha llevado a cabo además de forma “tranquila”.

La prisión de Basauri abrió sus puertas en 1964 y acoge a 326 reclusos, mientras en Zaballa (ahora penal de Araba) hay 778 y 283 en Martutene (Centro Penitenciario de Gipuzkoa), de manera que la población interna en los tres centros penitenciarios de la CAV suma a día de hoy 1.387 personas. Del total, 80 son mujeres (56 en el centro alavés y 24 en el guipuzcoano). En cuanto al régimen abierto, en Martutene son 99 reclusos, en Zaballa 90 y en Basauri un total de 185.

Régimen interior y seguridad. Proporciona una cobertura jurídica a los profesionales penitenciarios. “Tratamos de evitar una actitud defensiva en la aplicación de medidas de seguridad, apostando por medidas de carácter terapéutico y educativo”, dijo Artolazabal al respecto.

Gestión penitenciaria. Garantiza el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y procura la rehabilitación social, “apostando por un sistema de ejecución penal humanitario”.

Intervención penitenciaria. Recopila los actuales programas de intervención y prevé incorporar en el futuro nuevas iniciativas, “especialmente en el impulso del programa de justicia restaurativa”, según la consejera.

Julen Arzuaga aseguró que tiene “grandes expectativas” depositadas en la nueva competencia de prisiones y reclamó responsabilidad al Gobierno Vasco para que su gestión “no esté lastrada por relatos del pasado”.

La entidad afirmó que este traspaso debe contribuir a “la normalización de la política penitenciaria” respecto a los presos de ETA, así como “al fin de las medidas excepcionales aún vigentes”.

“Añadimos a nuestros objetivos lograr la reinserción sociolaboral de los presos desde una perspectiva formativa”

“Nos ponemos ya a trabajar para garantizar una transición ordenada desde la continuidad”

Consejera de Igualdad y Justicia