- Hacía tiempo que un acto en favor de los presos de ETA no estaba precedido por tanto ruido mediático. Menos aún si el mismo estaba organizado por la red ciudadana Sare, que cuenta como portavoz con el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga. Pero la marcha solidaria convocada el 18 de septiembre en Arrasate no para de generar titulares. Ayer mismo, representantes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil se reunieron con el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, para expresarle su malestar por lo que consideran un homenaje a Unai Parot, lo que los organizadores niegan. Pero el dirigente socialista les trasladó que no tiene competencias para impedirla, ya que esa es una cuestión que ahora mismo atañe a la justicia, y él ya se encargó de dar traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por si tiene que adoptar alguna determinación.
La papeleta de Itxaso no es sencilla, no obstante, ya que el PP de la CAV aseguró la semana pasada que, “si se permite esta nueva humillación a las víctimas”, pedirá su “dimisión” por su “inacción”. Tras reunirse ayer en Gasteiz con el delegado de Moncloa en Euskadi, los representantes de las centrales Jupol y Jucil admitieron con resignación que al comunicar el caso a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno ha hecho “lo que tiene que hacer”. “Poco más puede hacer”, insistieron, motivo por el que ambos colectivos reclamaron que se impulse un cambio legislativo para evitar que se puedan celebrar este tipo de actos.
En concreto, Denis Itxaso remitió al Ministerio Público la petición registrada por la Fundación Villacisneros, de la que es vicepresidenta la exlíder del PP vasco María San Gil, para que no se celebre la “marcha solidaria en favor del miembro de ETA Henri Parot”. En su escrito, calificó de “inconcebible que, en una democracia como la española”, las instituciones “asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas”.
Respecto a la verdadera naturaleza de la marcha de 31 kilómetros prevista el mes que viene en Arrasate, tras la denuncia de la Fundación Villacisneros, Sare explicó que la finalidad de este acto es “denunciar legislaciones excepcionales como la ley 7/2013, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos”. Añadió que la elección de la localidad guipuzcoana obedece a que “uno de estos presos condenados por esta ley es Unai Parot, con lazos familiares en Arrasate”.
Sare se mostró firme en su intención de seguir “denunciando la aplicación de medidas de carácter excepcional” y concluyó asegurando que “es tiempo de soluciones, por ello el 18 de septiembre nos manifestaremos en Arrasate”. Los portavoces de Jupol y Jucil que acudieron ayer a Gasteiz señalaron que no tienen “conocimiento” de que vaya a haber “ninguna presencia” de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en Arrasate para expresar su rechazo a la marcha. Adelantaron, eso sí, que las asociaciones de víctimas sí podrán acudir a esa localidad para participar en “contramanifestaciones” y plantear sus reivindicaciones.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y el secretario de Organización de Jupol, Aarón Rivero, manifestaron tras el encuentro que “las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M”. Explicaron que Itxaso también les transmitió su “malestar” ante la convocatoria, que escuchó sus “preocupaciones” y que atendió a la “indignación” que le trasladaron.
Unai Parot, que cumple en la cárcel de León una condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo, dio nombre en 2006 a la llamada doctrina Parot. Se trata de un criterio establecido ese año por el Tribunal Supremo para dar respuesta a un recurso presentado por el preso, que establecía que las redenciones no se aplicarían sobre el cumplimiento máximo de las penas, sino sobre el total de las condenas, lo que suponía un alargamiento de la estancia en prisión.
Este cómputo fue tumbado, no obstante, en octubre de 2013 por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que posibilitó que más de 60 reclusos de ETA, otros seis de los Grapo y 15 delincuentes con tres o más condenas salieran casi de inmediato de prisión al haber cumplido ya su condena.
“Las instituciones no se pueden poner de perfil, este tipo de actos no se deberían permitir”
Secretario de Organización de Jupol
“Da la impresión de que se intenta borrar un pasado doloroso para muchas personas”
Secretario general de Jucil
