- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el pasado mayo esquivó el décimo intento de ser reprobado en el Congreso de los Diputados, vuelve a estar en el ojo del huracán. El motivo es el proceso de repatriación de los 800 jóvenes procedentes de Marruecos que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo, que comenzó el pasado viernes a razón de 15 por día. Estas devoluciones vía Ceuta provocaron primero un choque en el seno del Gobierno de coalición, con las ministras de Podemos Ione Belarra y Yolanda Díaz censurando gravemente la forma de proceder de Marlaska. Después fue el turno de la justicia, con la decisión del juzgado número dos de Ceuta, adoptada el lunes, de paralizar todos los traslados durante 72 horas. A ello se sumó ayer la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), que reclamó al ministro que explicara en un plazo de 24 horas las repatriaciones.
En concreto, la AN pidió al Ministerio del Interior que remita el oficio con fecha del 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores no acompañados. En dicho escrito se llama a “ejecutar las previsiones recogidas en el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007”, lo que Interior debe comunicar de inmediato. El auto de la AN se enmarca en el procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que el mismo lunes interpuso un recurso por vulneración de derechos fundamentales.
Mientras, Marlaska concedió ayer sendas entrevistas en radio y televisión en las que dio alguna pista sobre sus próximos pasos. Así, advirtió en La Sexta de que si la justicia observa algún “matiz” que haya que corregir en el procedimiento, “se corregirá”. Defendió eso sí la validez del proceso y dijo que desde mediados de mayo, cuando se produjo la llegada masiva de casi 10.000 inmigrantes, Ceuta ha analizado a los alrededor de 800 menores que quedaron bajo su tutela, caso por caso, para que solo permanezcan los niños en situación vulnerable.
Marlaska explicó que la ciudad autónoma pidió la aplicación del acuerdo con Marruecos firmado en 2007 y que entró en vigor en 2013. Una vez analizados los casos de todos los menores y determinada su vulnerabilidad, se tuvo en cuenta el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del niño que prioriza la reagrupación familiar para que vuelvan “a formar parte de su entorno familiar y social”. Concluyó que “todas las instituciones involucradas, y también las ONG, actúan con el principio de la tutela efectiva y para garantizar el interés superior de los menores”.
Las 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al ministerio del Interior para que informe sobre las repatriaciones se enmarcan dentro del plazo de 72 horas por el que la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Ceuta paralizó el operativo por el que 15 jóvenes eran devueltos por día. La Administración General del Estado y la ciudad autónoma disponen por tanto desde el lunes de tres días para aportar documentación que valide la forma en la que se están ejecutando esos traslados y si la misma se acomoda o no a la legislación española.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que presentó el recurso ante la AN, denunció en un comunicado que la actuación de Interior no ha seguido los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España. En base a este incumplimiento, esta entidad pidió a la Sala que la instrucción emitida por Interior por la que se impulsó la deportación de los menores migrantes residentes en Ceuta desde la crisis migratoria de mayo sea calificada como “declaración contraria a derecho”. De sustanciarse, ello supondrá la nulidad de su ejecución.
En una entrevista en RNE, Fernando Grande-Marlaska dijo que “como no puede ser de otra manera, respeta, obedece y acata” la decisión de un juzgado de Ceuta de paralizar los retornos de menores, y aseguró que darán traslado de sus alegaciones a todas las instituciones implicadas y con las que su departamento mantiene una “coordinación óptima y muy razonable”. Alegó que esta resolución judicial responde a una “discusión técnico jurídica” sobre el proceso que se sigue en virtud del convenio con Marruecos, que difiere con los suscritos con otros países.
Defendió lo que calificó como “retornos asistidos” de menores no acompañados en virtud de dicho acuerdo, y una vez realizada la “valoración de quien ejerce la tutela” de los niños, en referencia al área competente del Gobierno de Ceuta. “Retornas a los que son retornables, no hay ningún riesgo para ellos. Aquellos susceptibles de retornar, dentro del interés superior del menor, volverían; y si no, le daríamos la tutela, que es un elemento esencial”, zanjó.
El ministro del Interior también dejó caer que este proceso no es solo responsabilidad de su departamento, y así citó al Área del Menor de Ceuta y a la Fiscalía. “Interior es un engranaje más, no es quien acuerda el retorno. Interior coadyuva en la aplicación de las resoluciones dictadas, pero quien resuelve si un menor es retornable a Marruecos porque es la mejor decisión es quien ejerce la tutela”, aseguró.
“Interior es un engranaje más, quien resuelve si un menor es retornable es quien ejerce la tutela”
Ministro del Interior
“Es una deportación sumaria de menores migrantes que ha vulnerado sus derechos”
Impulsora del recurso en la AN
