- El Gobierno de coalición suma un nuevo cisma interno tras la decisión de España de devolver a Marruecos a parte de los 800 menores de edad que entraron en Ceuta los días 17 y 18 del pasado mayo, cuando unas 10.000 personas cruzaron a esa ciudad. Altos cargos de Unidas Podemos, como la ministra Ione Belarra, han cargado las tintas contra Interior advirtiendo de las posibles responsabilidades legales, mientras que la fiscalía ceutí, que no fue informada de las repatriaciones, ha abierto un expediente informativo al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y al Ejecutivo de Ceuta.

El paso dado por la fiscal de guardia responde a una actuación previa a la apertura de diligencias, por la que solicita información a distintas entidades sobre la actuación que se está llevando a cabo con los niños, y que podría derivar en una petición a la autoridad judicial para detener preventivamente el proceder. Hasta Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio Fiscal instar actuaciones judiciales. Sin embargo, Interior y el Gobierno de Ceuta insisten en que las fiscalías del Menor de España y Marruecos estaban al tanto del proceso y de la elaboración de una lista de 800 niños. Ello no impidió que ayer un nuevo grupo de 15 menores saliera del centro de acogida improvisado en el polideportivo Santa Amelia, escoltado por agentes policiales. Mientras tanto, más de medio centenar de menores se ha escapado del centro por el temor a ser repatriados a Marruecos y además se registraron varios altercados.

Desde Unidas Podemos el enfado con el PSOE es mayúsculo, sumando un nuevo capítulo a su serial de desavenencias en las últimas semanas. En primer término, un cargo morado en el Gobierno, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, criticó las repatriaciones opinando que “adolecen de seguridad jurídica” y lamentando que no se vele por “el interés superior del menor”. Después, quien elevó el tono fue la ministra de Asuntos Sociales -con competencias en materia de Infancia-, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien en una carta dirigida expresamente a Marlaska avisa de que las devoluciones podrían suponer “un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España”, lo que considera “muy grave”.

En ella deja claro que “toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno en Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior”. Este movimiento explicita el enfrentamiento entre los dos socios de la coalición aunque fuentes próximas al ministro indican que la carta forma parte de los contactos en el seno del Gobierno para resolver una situación con garantías para los menores.

El ministerio de Belarra se refiere al artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al artículo 5 de la directiva 2008/115 que se refiere al principio de no devolución y al artículo 10, que recoge que antes de dictar el retorno se debe tener en cuenta su interés superior y cerciorarse de que se entregará a su familia, a un tutor o a unos servicios de acogida adecuados. Añade igualmente que estas devoluciones podrían colisionar con la ley española sobre los derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español y su integración social, y el real decreto por el que se aprueba el reglamento de esa ley, además del acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández-Marugán, indicó que, según la Ley de Extranjería, Interior debe solicitar un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía exigió “el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas” ya que duda de que se estén “cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral” con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor. Varias ONG y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, calificaron de “ilegal” cualquier devolución colectiva de menores.

Hana Jalloul. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, defiende que la estrategia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez es “muy valiente y muy progresista”, asegurando que las devoluciones de menores a Marruecos se realizan “con todas las condiciones y de manera garantista”. Según explicó ayer, Interior trabaja con un marco jurídico que “garantiza que se haga bien con los menores, como no puede ser de otra manera”. “Se está trabajando con los expedientes individualizados de cada niño y con el retorno a sus familias”, argumentó Jalloul, que no dio mayor importancia a las investigaciones de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. “Todos” están trabajando para que “lo que se está haciendo se haga de buena manera”, valoró “Quiero dejarlo muy claro, yo fui secretaria de Estado de Migraciones. Quiero alabar el trabajo que se ha hecho con los migrantes en este país”, zanjó la dirigente socialista.