El Gobierno Vasco y la AVT abren un canal de colaboración en la política penitenciaria

- Antes de comenzar a gestionar las cárceles el 1 de octubre, el Gobierno Vasco ha abierto un proceso de escucha sobre el modelo penitenciario que quiere impulsar, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a dos colectivos sensibles: los funcionarios de prisiones y las víctimas del terrorismo. Y, entre todos, han conseguido acordar unas garantías mínimas de colaboración que van a permitir seguir avanzando y desplegar este modelo penitenciario.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, mantuvo ayer una reunión con miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, a quienes confirmó en persona que las víctimas estarán en el centro del modelo vasco, que los presos de ETA no recibirán ningún trato de favor, y que apuesta por una justicia restaurativa y por la reinserción de los reclusos. En palabras de Artolazabal, han acordado una serie de puntos para llevar adelante el modelo vasco, donde la máxima será “el respeto a las víctimas”. “Nuestro objetivo es no fallarles”, recalcó. Han logrado “esa colaboración mínima que necesitábamos todos para seguir avanzando”. Tras reunirse en un clima cordial, el consejero de la AVT Miguel Folguera se expresó en tono conciliador y celebró este compromiso de que las víctimas estén informadas de primera mano, aunque mantiene su discurso de “preocupación” por el modelo.

La AVT se ha mostrado estos meses muy crítica con el ministro Marlaska por el traspaso de prisiones a suelo vasco y por los acercamientos de presos, y no es un secreto que pide el arrepentimiento de los reclusos para que accedan al tercer grado. Pero, dentro de su discurso, Folguera admitió ayer que la reunión ha sido “positiva y necesaria” y agradece la “buena disposición” del Gobierno Vasco para trabajar en esta nueva situación. “Es algo que tenemos que hacer de la mano. Somos los representantes de las víctimas y es importante que estén informadas de lo que se va a hacer de primera mano, y que a la hora de dar terceros grados e incorporarse a la vida normal, los presos tengan que arrepentirse, que de alguna manera colaboren con la justicia en esa vía restaurativa que se va a iniciar, y que renuncien a los actos de enaltecimiento del terrorismo que tanto nos duelen. Ahí vamos a estar y vamos a estar trabajando de la mano”, explicó.

Esta reunión con Folguera y con la letrada Carmen Ladrón de Guevara fue el colofón de una jornada que comenzó con las visitas a las cárceles de Basauri y Martutene. Artolazabal y su equipo volvieron a tener un gesto con los funcionarios para reconocer el acoso sufrido a manos de ETA, con ofrendas florales en las placas en recuerdo a Ángel Jesús Mota, José Ramón Domínguez y Francisco J. Gómez Elósegui.

En su reciente visita a la cárcel de Zaballa, Artolazabal también rindió homenaje a otro funcionario asesinado por ETA, Máximo Casado, y anunció un estudio sobre el hostigamiento padecido por este colectivo, que se va a redactar en colaboración con el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Además, lanzó un mensaje tranquilizador sobre las condiciones laborales y el futuro de estos funcionarios del Estado que pasarán a incorporarse a la administración vasca. Ya entonces, el director de la cárcel de Zaballa, Benito Aguirre, aseguró que ve “un proyecto ilusionante”. Este tono está muy alejado de la beligerancia del PP y el conjunto de la derecha estatal, que han sembrado dudas sobre la gestión vasca y han especulado con que las cárceles serán balnearios para ETA una vez consumada la transferencia de la competencia. Los funcionarios están mostrando un discurso más posibilista ante el Gobierno Vasco, que aclara además que cumplirá la ley, pero con enfoque progresista. La AVT ha sido crítica estos meses, pero valora la colaboración que ofrece el Ejecutivo y plantea sus demandas en tono constructivo. Al menos ofrece un margen de confianza en los primeros compases, aunque avisa de que hay medidas que, por legales que sean, duelen.

Artolazabal acudió ayer a las cárceles con la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre; el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz; y el asesor Jaime Tapia, con la intención de dar continuidad al proceso de escucha abierto con las entidades del tercer sector social el 15 de mayo. En Martutene y Basauri, la consejera fue recibida por los directores Marian Moreno y José Ángel Badiola. Aunque no ofrecieron declaraciones, el Gobierno Vasco se encontró con unos responsables motivados por la nueva tarea. Artolazabal visitó las cabinas de comunicación y visitas, los pabellones, y pudo recabar datos sobre el número de presos en medio abierto y las condiciones de las instalaciones en general.

La consejera continuará con el proceso de escucha para poner en marcha un modelo penitenciario ajustado a la ley, pero con un enfoque progresista y basado en el trabajo con los presos para que puedan regresar a la vida en sociedad, dando oportunidades laborales, promoviendo una reflexión sobre el daño causado, e impulsando el tercer grado y la libertad condicional. Todo ello, sin beneficiar ni perjudicar a los presos de ETA que, además, en las cárceles vascas son por ahora unos cuarenta sobre un total de mil reclusos. Este mensaje se trasladó también a la AVT. La sintonía con los colectivos de víctimas es importante para el Gobierno Vasco por razones de memoria y justicia, y también tiene repercusiones a nivel jurídico porque pueden recurrir algunos beneficios penitenciarios. El control en última instancia de las decisiones sobre los presos la tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria, que residen en la Audiencia Nacional en los casos de ETA.

Europa. La europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao anunció ayer que el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo ha mostrado su malestar por el contenido del informe sobre la Ley de Memoria Histórica redactado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la apología franquista, y ha avisado a la Comisión Europea de que podría incumplir la Decisión Marco 2008/913/JAI que obliga a los estados a tipificar como delito la apología, banalización o negación de crímenes de lesa humanidad.

“La máxima será el respeto a las víctimas; nuestro objetivo es no fallarles”

Consejera de Justicia

“A la hora de dar terceros grados, los presos deben renunciar a los actos de enaltecimiento”

Consejero de la AVT