- Pedro Sánchez sigue dando largas a quienes le piden que mantenga el estado de alarma más allá del 9 de mayo para que las comunidades autónomas tengan un paraguas jurídico, y puedan limitar la movilidad de los ciudadanos para reducir los contagios por el coronavirus hasta que llegue la vacunación masiva. El PNV cree que la opción más sencilla consiste en una prórroga larga de tres meses, hasta agosto, para que las comunidades puedan tomar medidas sin exponerse a que los tribunales las echen por tierra, y que se mantenga ese colchón hasta que se logre la inmunidad de rebaño con las vacunas. El presidente español conoce la petición del lehendakari Urkullu, y tendría sobre la mesa los votos del PNV y los de EH Bildu, que hace de tripas corazón al igual que los jeltzales aunque el estado de alarma no sea de su agrado. Pero, en vista de que Sánchez se resiste, el PNV se abre a otra fórmula: una modificación de la legalidad ordinaria, vía exprés, a través de una proposición de ley, con el objetivo de habilitar a las comunidades autónomas y que puedan tomar decisiones para regular la movilidad, dentro de sus límites, en situaciones excepcionales como esta pandemia. Es una opción para el desbloqueo y podría haber agua en la piscina porque se está abriendo paso con fuerza entre los grupos. Cada vez más partidos lo plantean y puede ser importante para Sánchez que lo sugiera también el PNV, socio preferente.
Sánchez va a escuchar las peticiones de varios grupos en este sentido en su comparecencia de hoy en el Congreso de los Diputados. Según fuentes de la Ejecutiva jeltzale consultadas, a esta modificación legal se refería el presidente del EBB Andoni Ortuzar cuando dijo en Onda Cero que había que buscar una medida “puente” entre la caída del estado de alarma el 9 de mayo y la vacunación masiva que va a permitir la inmunidad de rebaño. La proposición de ley sería la vía más rápida aunque, de todos modos, podrían ser necesarios mes y medio o dos meses, y habría que activar una prórroga técnica del estado de alarma mientras se tramita. No lo ven mal otros aliados habituales del PSOE. Poco después de las declaraciones de Ortuzar, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ante la cerrazón de Sánchez, pedía una alternativa al estado de alarma, una solución jurídica pactada con las autonomías, que permita a cada territorio gestionar sus medidas sin que queden en manos de los jueces. Incluso el PP, que no se muestra muy claro sobre la opción de mantener el estado de alarma y no da ni agua a Sánchez, defiende desde hace meses una modificación de la legislación ordinaria de 1986 en línea con las sugerencias del Consejo de Estado y puede encajar en este debate. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se inclinó también ayer por buscar un paraguas alternativo al estado de alarma.
El problema radica en que Sánchez quiere evitar una negociación política en puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y en un Congreso de los Diputados muy complicado y tensionado por la pugna con el PP. En algunos ámbitos esperan que su cerrazón sea pasajera, que esté ganando tiempo, y se abra a debatir tras los comicios. En el Senado, Sánchez mantuvo las espadas en alto con el PP, le exigió que aclare si apoyaría un estado de alarma ante voces como la del gallego Feijóo que no lo descartan, y se quejó de que, cuando se prorroga, “chillan”, y si no se propone, “también chillan”.
Si cae el estado de alarma, caerán medidas como el toque de queda nocturno, la limitación de las reuniones sociales y el cierre del perímetro de las comunidades. Además, los gobiernos autonómicos se exponen a que los tribunales superiores tumben las medidas que quieran aprobar, como ha sucedido en el caso vasco con el juez Garrido. En el mundo, Alemania coincide en la necesidad del toque de queda y Merkel legisla para instaurarlo en las zonas más afectadas.
Sánchez se enfrenta a una presión creciente, y le llega desde el PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y el PDeCAT. El Govern admite que la situación puede ser delicada y le extraña que Sánchez haya rechazado de manera tan prematura prolongar el estado de alarma cuando falta casi un mes para que expire. El PP sigue sin mostrarse proclive al estado de alarma, pero pide una reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986, con el argumento de que también lo sugiere el Consejo de Estado. A todo ello habría que sumarle las voces de Podemos que admiten que hay que tomar cartas en el asunto o prorrogar abiertamente la alarma.
Mantener su posición es cada vez más complicado para Sánchez. Ayer demostró que se apoya en previsiones optimistas y en la premisa de que la vacunación se va a acelerar, pero no dejan de surgir escollos. En concreto, dijo que su gobierno tiene “una intención y trabaja para que sea posible esa intención, que es que no haya más prórrogas del estado de alarma a partir del 9 de mayo”, y lo argumentó en que el proceso de vacunación iba a ser más intenso con la llegada de la vacuna de Janssen desde hoy, unas palabras que pronunciaba precisamente en el momento en que estallaba la polémica en Estados Unidos por los trombos con esta inyección, y Janssen terminaba anunciando horas después que el envío a Europa será postergado.
Sánchez dejó ver también que no contempla buscar una alternativa, y cree que la vía es tomar decisiones conjuntas en el Consejo Interterritorial de Salud porque el Tribunal Supremo las ha validado, una afirmación inexacta: el Supremo solo se ha pronunciado sobre un recurso de Vox acerca del cierre perimetral en Madrid en el puente de San José, pero no ha validado por extensión las decisiones que se tomen en ese cónclave como algo que tenga de por sí una protección jurídica especial una vez caído el estado de alarma. “El marco jurídico en el que se van a desenvolver las comunidades autónomas va a ser el Consejo Interterritorial de Salud con el filtro de los tribunales superiores de justicia. Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar la pandemia en este estadio. Los tribunales dicen que los acuerdos en el Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento”, insistió Sánchez.
El argumento de Sánchez tiene más puntos débiles. No explica por qué él mismo decretó el estado de alarma para instaurar el toque de queda nocturno si ahora dice que valen las decisiones del Consejo con las comunidades autónomas, y obvia igualmente que hubo que aprobar ese estado de alarma para limitar el número de personas en las reuniones, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbase al Gobierno Vasco su limitación a seis personas.
La convicción de que el estado de alarma debería seguir tiene un respaldo amplio en Euskadi: lo defiende el PNV, también Arnaldo Otegi porque admite que sin percha caerán medidas importantes, y Elkarrekin Podemos-IU dice que no existen las herramientas suficientes. A nivel estatal, el diputado de Compromís Joan Baldoví pidió una Conferencia de Presidentes para debatir que las comunidades pidan el estado de alarma. Desde Más País, Íñigo Errejón pidió una alternativa y que sea común para todos.
“El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible: que no haya más prórrogas”
Presidente del Gobierno español
“Habría que buscar una solución entre el 9 de mayo y la vacunación; una legislación puente”
Presidente del EBB del PNV
“Hace falta un paraguas jurídico pactado con las comunidades autónomas”
Portavoz de EH Bildu en el Congreso
