Ha pasado más de un año desde que el Gobierno español decretó por primera vez el estado de alarma para limitar los movimientos de los ciudadanos y frenar los contagios por el coronavirus, y durante todo este tiempo no ha movido ficha para emprender una reforma legal que habilite otra vía diferente a este instrumento excepcional. Aunque el estado de alarma no es del gusto del PNV, hoy por hoy es la única manera de brindar seguridad jurídica a las comunidades autónomas. De ahí que al lehendakari no le haya sentado bien que el presidente español, Pedro Sánchez, insinúe que el estado de alarma decaerá cuando termine su vigencia el 9 de mayo, un globo sonda que llega en puertas de las elecciones en la Comunidad de Madrid, marcado por ese clima, y sin consultarlo con los presidentes autonómicos. Urkullu le pidió ayer que mantenga este paraguas para que las comunidades no caigan en una “incapacidad operativa”, lo que supone dar continuidad a la petición que lideró en otoño y fue secundada por otras comunidades ante una situación que afecta a todas por igual.
Al lehendakari le preocupa que con el fin del estado de alarma decaigan el toque de queda nocturno, las limitaciones para la agrupación de personas y los cierres perimetrales entre las comunidades autónomas y que, además, a la hora de activar medidas, los gobiernos autonómicos se topen con dificultades para actuar con rapidez por un vacío legal que las abocaría a someterse al control judicial y a decisiones contradictorias de los tribunales, con el polémico antecedente del juez Garrido tumbando las medidas del Gobierno Vasco. Todo ello, acompañado por el riesgo de que la sociedad interprete que el peligro ha pasado y se relaje.
La situación puede ser muy delicada ahora que la primavera va a abrir paso al buen tiempo. Urkullu quiere disponer de herramientas porque no prevé relajar las restricciones, y avisa de que habrá que convivir con la pandemia durante meses mientras no se alcance con la vacunación la inmunidad de rebaño, tal y como aclaró en Radio Euskadi. No prevé rebajar las medidas, a falta de que los expertos le trasladen el impacto real de la Semana Santa, aunque ya es una evidencia que el virus vuelve a ganar terreno y ha obligado a cerrar varios municipios. No aclaró hasta cuándo habría que mantener el estado de alarma, y su entorno resume que pide mantenerlo el tiempo necesario, pero ni un minuto más de lo necesario.
Preocupa el limbo de casi dos meses que se puede abrir desde el hipotético fin del estado de alarma el 9 de mayo hasta que el Parlamento Vasco apruebe la Ley Antipandemia, como muy pronto a finales de junio. Sánchez va a comparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados, aunque en ámbitos jeltzales ya invitan a coger con pinzas lo que allí se diga porque puede estar muy condicionado por las elecciones en Madrid, y confían en que Sánchez se muestre más proclive a la prórroga tras los comicios del 4 de mayo.
La ministra María Jesús Montero volvió a sacudirse ayer la presión de las comunidades, dijo que la posición inicial es no prorrogarlo y que, si se decidiera lo contrario, se haría atendiendo a los técnicos y no en función de que las comunidades “presionen o no”. También se puso de perfil ante las peticiones de reformar las leyes, y cree que las comunidades tienen base suficiente con la legislación ordinaria y acudiendo a los tribunales para que validen las medidas, lo que supone pasar por alto que esos tribunales han emitido autos contradictorios.
Montero quiere que se tomen decisiones compartidas en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades, sin que esté claro qué validez jurídica tendrán ni si van a merecer una consideración especial a ojos de los tribunales. Baleares, por su parte, ha pedido una percha para mantener el toque de queda, y más comunidades preparan restricciones. El director de Emergencias del Estado, Fernando Simón, aseguró a última hora que “no es bueno plantear” con tanta antelación el asunto, que aún quedan quince días y habrá que ver si el toque de queda “aporta algo extra” cuando la situación “no es la de octubre”.
El lehendakari tomó la iniciativa en otoño y pidió a Sánchez que recuperase el estado de alarma, en vista de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había tumbado la limitación de los encuentros sociales a seis personas. Además, en otros ámbitos se añadía que el toque de queda nocturno solo podría aplicarse con ese paraguas. El movimiento de Urkullu provocó una adhesión bastante generalizada desde otras comunidades y desembocó en que Sánchez pulsara el botón y extendiera el estado de alarma hasta el 9 de mayo para limitar los encuentros sociales y aplicar el toque de queda desde las 23.00 horas hasta las 6.00, con la opción de que las comunidades lo modulasen una hora antes o después (desde las 22.00 a las 6.00 en el caso vasco).
Sin este paraguas, al Gobierno Vasco le quedaría volver a someterse a las decisiones del tribunal, que ya se ha mostrado desfavorable en más cuestiones, como el cierre de bares en municipios en zona roja. Hosteleros de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ya han anunciado que recurrirán las franjas horarias que limitan la atención en el interior de los bares en municipios en rojo. PNV y PSE han registrado en el Parlamento Vasco una Ley Antipandemia, pero no será aprobada hasta junio y, aun así, el toque de queda se contempla en el marco del estado de alarma. El lehendakari, mientras tanto, mantendrá la declaración de emergencia sanitaria vasca.
Urkullu reclamó a Sánchez que “sea consciente de que las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas”. “En Euskadi estamos lastrados por la insuficiencia de garantías jurídicas ante los autos de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma, porque es lo que yo solicité en octubre, una declaración del estado de alarma que permitiera con garantías jurídicas adoptar una serie de medidas”. “Si ahora se deja sin aplicación, nos vamos a encontrar quizás con una interpretación equivocada por parte de la sociedad, en cuanto a que, si no hay un estado de alarma, ya no hay problema y, por tanto, puede haber una relajación o exceso de confianza. Y, por otro lado, nos vamos a encontrar en una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones”, dijo, para añadir que se puede enfrentar también a la “insuficiencia de garantía jurídica a la vista de la experiencia” con el juez Garrido.
“La ley ordinaria permite a los presidentes limitar derechos con el refrendo de la autoridad judicial”
Portavoz del Gobierno español
