- El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no arroja la toalla. El juez que instruye la causa contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos se plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de las euroórdenes, tras la negativa belga a entregar a Lluis Puig. En una providencia, Llarena concede tres días de plazo al fiscal, a la acusación popular y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí (sobre quienes pesa una orden de detención y entrega en vigor) para que formulen sus alegaciones.
En concreto, les pide conocer su opinión antes de decidir si plantea una cuestión prejudicial al TJUE acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una euroorden con la finalidad de poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención y entrega contra Puigdemont y los exconsellers.
Llarena ha dado este paso tras recibir la comunicación oficial de las autoridades judiciales belgas, de carácter firme, de denegar la entrega del exconseller Lluis Puig por entender “que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo”. Pero la decisión de los jueces belgas “discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo,” afirma Llarena para quien “la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados”. Y, añade, “no solo respecto a su libertad de movimientos” en Bélgica, “sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”.
Por otro lado, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo ayer que pedirá al secretario general de la Eurocámara, Klaus Welle, que investigue “con más detalle” la filtración del informe del suplicatorio del diputado de JxCat Carles Puigdemont antes de que este se presentase y votase en comisión parlamentaria.
Fuentes parlamentarias señalaron que es la primera vez que se lanza una investigación por la filtración de este tipo de informes, de naturaleza confidencial hasta que se votan en comisión.
Las sanciones por vulnerar la confidencialidad de los procesos en los que está garantizada pueden conllevar, entre otras, la limitación de los derechos de acceso a información clasificada o confidencial durante un período máximo de un año.
