La Justicia, en el ojo del huracán

No es que la Justicia suela estar exenta de controversias pero esta semana se ha ubicado de lleno en el centro del caldero político y mediático y está, otra vez más, en el ojo del huracán.

Considerada la hermana pobre de las políticas públicas, nunca llega el pacto de Estado que reclaman desde hace años todos los operadores jurídicos. La falta de consenso y los intereses partidistas obligan a parchear leyes decimonónicas sin abordar un plan integral.

Basta con estudiar el panorama actual. Ocurre con la renovación del CGPJ y de magistrados del Constitucional, bloqueada por un PP que ha nombrado a la mayoría de los cargos actuales. Con las designaciones de jueces del Supremo, nombrados por un Poder Judicial en funciones. Con reproches ideológicos dentro y fuera de la Fiscalía, institución cuestionada por su relación con el Ejecutivo. Y con unos juzgados y tribunales, eternamente colapsados, que encaran un avalancha de procedimientos marcados por la pandemia. Ésta es la radiografía de una Justicia en el punto de mira:

EL BLOQUEO DEL CGPJ Y DEL CONSTITUCIONAL

Cuentan vocales del Consejo que el 4 de diciembre de 2018, cuando vencía su mandato de cinco años, tuvieron que deshacer cajas en vez de lo contrario. Se rompió el acuerdo para su renovación. Y ya van dos años. Por el camino, varios intentos frustrados entre PP y PSOE, que no se dan por aludidos pese a los reproches del resto de partidos por el reparto de sillas. Es más, los populares que siempre bloquean las renovaciones cuando están en la oposición aluden esta vez que con Podemos en el Gobierno, no negociarán. Es su línea roja.

No importa que la Constitución llame al acuerdo. O que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, suba el tono en sus últimos discursos exhortando a los partidos a corregir la "seria anomalía" que supone llevar casi dos años en funciones. Desde dentro, los vocales llevan tiempo sin noticias sobre movimientos políticos para desbloquear la situación.

Un panorama que se traslada al Tribunal Constitucional. Allí, hace diez meses que expiró el mandato de cuatro magistrados, incluido el presidente y la vicepresidenta. La historia no es nueva para ellos; los cuatro llegaron con dos años de retraso, hasta que no estuvo el PP en el Gobierno, por la misma falta de acuerdo.

NOMBRAMIENTOS DE JUECES CLAVE

Conscientes de su interinidad y confiados en una inmediata negociación para su renovación, el CGPJ paralizó en enero los nombramientos de 25 cargos judiciales. Nueve meses después nada ha cambiado y los vocales se ven forzados a retomar las designaciones, aunque no sin polémica, pues algunas voces en la Justicia y el Legislativo cuestionan la legitimidad de un órgano elegido por un Parlamento de 2013 para realizar nombramientos, algunos en la práctica vitalicios.

Una amplia mayoría de vocales de ese CGPJ caduco aboga por realizar los nombramientos, muchos de los cuales se decidirán el próximo jueves, incluidos tres presidencias de Sala del Supremo. Restarán tres plazas de la Sala de lo Penal, que revisa las causas de corrupción. De ahí la polémica. Pero las fuentes subrayan la voluntad mayoritaria de llegar a un acuerdo y avisan: si no se consiguiese sería por disparidad de criterios, no por hacer gestos al exterior.

HISTORIA DE UN COLAPSO AGRAVADO POR LA PANDEMIA

Si a la saturación estructural de los juzgados le sumas tres meses de parón prácticamente generalizado por el estado de alarma más el previsible alud de casos relacionados con la covid, el resultado es evidente: colapso.

O mejor dicho, más colapso aún porque, en palabras de María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los juzgados de Madrid, los jueces ya venían "colapsados desde casa". Sin embargo, admite a Efe que esa avalancha todavía no ha llegado y augura que hasta noviembre, al menos, no se empezará a notar.

"Esto no es de 0 a 100", añade Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que explica que, por ejemplo, en los juzgados de lo social muchos pleitos dependerán de cuándo acaben los ERTE, y que tacha de "ineficaz" el plan de choque del Ministerio de Justicia porque muchas medidas "dependen de la voluntariedad de personas que ya están bastante sobrecargadas".

Es en el área social y mercantil donde se concentrarán los refuerzos que, según indican ambos portavoces, aún no han arrancado aunque su inicio estaba previsto para el 1 de septiembre. Dotado de 50 millones de euros entre este año y 2021, el programa incluye refuerzos, incentivos y nuevos juzgados, aunque algunos ya estaban previstos antes de la pandemia.

ENFRENTAMIENTO PÚBLICO EN LA FISCALÍA

Todavía resuenan las críticas al Gobierno por el polémico nombramiento de la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, un movimiento inédito que suscitó no pocos recelos en torno a la imagen de imparcialidad de la institución.

Pero si aquello causó revuelo, el episodio de esta semana no se queda atrás: el lunes, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, daba la sorpresa al denunciar en una entrevista a Onda Cero supuestas presiones para que no se opusiese a tramitar las querellas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia.

A apenas 80 días de jubilarse, quien lleva siendo número dos de la Fiscalía desde 2014 y siempre considerado de perfil discreto, habló públicamente de "fiscales contaminados ideológicamente", señaló directamente a Consuelo Madrigal, con quien trabajó de cerca en su etapa de fiscal general, y dejó una cosa clara: Con esa "tropa", no podía "entrar a debatir".

Unas declaraciones inesperadas que causaron estupor entre los fiscales y que han motivado que la Inspección de la Fiscalía General esté investigando su denuncia para decidir si procede abrir un expediente disciplinario.

A los días, la Asociación de Fiscales, de tinte conservador y mayoritaria en la carrera, reprobó las "descalificaciones" de Navajas hacia sus compañeros, realizadas "sin la menor corroboración objetiva", y cargó duramente contra Delgado por no haber dado "una respuesta contundente e inmediata" a la situación, subrayó, de "mayor descrédito" de la carrera en cuarenta años.

NUEVA POLÉMICA: LA AUSENCIA DEL REY EN BARCELONA

Al catálogo de críticas de esta semana se sumaron con fuerza los generalizados reproches al Gobierno ante la ausencia del rey, por primera vez, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado ayer en Barcelona.

La mayoría de asociaciones judiciales y la oposición cargaron duramente contra el Ejecutivo y le instaron a aclarar las razones de una decisión que el PP tachó de "vergonzosa" y "humillante" y que el Gobierno ve "muy bien tomada". La desvinculó además de la coyuntura política y de la posibilidad de que se hiciese pública la sentencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia, resolución que finalmente se conocerá la próxima semana.

En la ceremonia, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, manifestó su "enorme pesar" y destacó que el rey es "una expresión de apoyo de la corona al poder judicial en su defensa de la Constitución". Ya sin micrófonos, señaló que Felipe VI le había llamado para transmitir a los nuevos jueces que le habría gustado estar con ellos en el acto.

Una llamada que desató una controversia. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro Alberto Garzón, ambos de Unidas Podemos, acusaron al rey de falta de "neutralidad política" y de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido" y la oposición instó a Sánchez a desautorizarlos. La Casa Real, por su parte, puntualizó que se trató de una llamada privada de "cortesía" y "sin consideraciones institucionales respecto del acto".

LOS PROYECTOS DE JUSTICIA QUE SE AVECINAN

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que los fiscales instruyan las causas penales, expedientes de indultos de los condenados por el "procés" que el Ministerio de Justicia comenzará a tramitar la semana próxima, revisión de los delitos de rebelión y sedición. Varios proyectos sobre la mesa de Justicia para los próximos meses que auguran un otoño caliente.

El nombramiento como fiscal general de la exministra Delgado enturbia el plan de dejar a los fiscales la instrucción que ahora realizan los jueces, un anteproyecto que el ministro Juan Carlos Campo quiere llevar al Consejo de Ministros a finales de octubre.

Sin fecha de presentación, Campo trabaja también en la revisión de los delitos de rebelión y sedición. Quiere homologar el código penal español con los de otros países europeos, pero el PP, Vox y Ciudadanos ven en ello un pago al independentismo catalán por haber permitido la investidura de Pedro Sánchez y ya han anunciado una oposición frontal.

Menos polémico se espera que sea el anteproyecto de medidas procesales, tecnológicas y de impulso de la mediación que también se espera presentar antes de finales de octubre.