- La Abogacía del Estado ha arremetido contra la juez que investiga la manifestación del 8M al acusarla de abrir una “causa general” contra la gestión de la crisis sanitaria, que además vulnera las normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna.
Lo ha hecho en el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que abrió el procedimiento penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir el Día de la Mujer, y que la Abogacía pide revocar.
En el escrito, los servicios jurídicos del Gobierno arremeten contra la magistrada que “en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente para delimitar su competencia”. “Y solicita -añade- de la policía judicial que recabe información no solo sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”.
La Abogacía muestra su asombro por la “sorprendente celeridad” de la juez para admitir a trámite la denuncia de un particular en pleno estado de alarma, que tenía una normativa muy estricta con la suspensión de todos los procesos judiciales no esenciales. Aprecia por último “un esfuerzo argumentativo” por “motivar lo que ella misma reconoce difícil de apreciar” ya que “de la denuncia no se desprendía indicios” de que el hecho por el que se investiga a Franco fuera delictivo.
