- En esta situación sin precedentes que se ha generado tras el aplazamiento de las elecciones vascas del 5 de abril por la crisis sanitaria del coronavirus, con el Parlamento disuelto, la oposición ha hecho bandera de la necesidad de ampliar las competencias de la Diputación Permanente, aunque sea buscando cualquier recoveco, para que se pueda reunir semana tras semana y puedan producirse periódicamente duelos con el Gobierno de Urkullu. La oposición ha agitado este debate para proyectar que PNV y PSE esquivan el control al lehendakari, pero el equipo de juristas del Parlamento concluyó ayer en un informe remitido a la Mesa que las competencias de la Diputación Permanente son las que son y es jurídicamente inviable ampliarlas ahora. Es un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de EH Bildu, que había solicitado este estudio.
El informe concluye que la Diputación Permanente tiene competencias "limitadas", que solo puede reunirse con un orden del día concreto y con asuntos urgentes que no admitan aplazamiento, que carece de atribuciones para legislar, y que no puede ampliarlas en esta situación excepcional porque "sería una evidente modificación reglamentaria de facto sin haber empleado el procedimiento establecido". La reforma del reglamento ahora es inviable porque el órgano no puede legislar. Argumenta también que otros parlamentos del entorno están desempeñando solo las funciones "imprescindibles" por el estado de alarma, y lanza una advertencia sobre las intenciones que pueden estar detrás de que la Diputación Permanente se reúna de manera constante hasta las elecciones: "No se nos escapa que este ejercicio de control pudiera llevar a utilizar la Diputación Permanente de forma partidista y espuria, para incidir en la batalla electoral". No caben reuniones semanales, sino convocarlas de una en una con un motivo claro y urgente, y tampoco se puede legislar. Se pueden tramitar proposiciones no de ley, o someter a aprobación por el procedimiento de lectura única las leyes que quiera remitir el Gobierno Vasco para afrontar el virus.
El informe es categórico y da un portazo concluyente, pero todo apunta a que las espadas de la oposición van a seguir en alto y no van a soltar un caramelo en puertas de las elecciones, esta vez a cuenta de los plazos del Gobierno para responder a las peticiones de información. Se está desatando una guerra, porque la Mesa acordó suspender los plazos para el envío de las respuestas del Gobierno de Urkullu, al entender que había que actuar con cierta flexibilidad y no atosigar a un Ejecutivo que está centrado en la gestión del coronavirus. La Mesa, presidida por la jeltzale Bakartxo Tejeria y donde los socios de gobierno, PNV y PSE, tienen la mayoría con tres de los cinco escaños, ha instado al Gobierno Vasco a responder a la mayor brevedad, pero sin imponer un plazo de veinte días. Esa decisión se revalidó ayer con los votos en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que quieren un límite.
La coalición abertzale había suscitado el debate, recordando las preguntas sobre el vertedero de Zaldibar o la propia crisis del coronavirus que se mantienen en cola. En paralelo, una proposición no de ley de Elkarrekin Podemos sobre la educación en esta crisis se ha inadmitido porque no alcanza el quinto de escaños necesario. La oposición acusa a Urkullu de evitar el control, pero el lehendakari participará hoy por vía telemática en una reunión con los grupos a petición de EH Bildu para explicar su gestión, en una sesión que permitió el PNV con sus votos y que se va a retrasmitir por la web del Parlamento. Urkullu argumenta también la relación fluida de la consejera Murga con los partidos. Sin embargo, este asunto se va a convertir en un argumento para la confrontación con el Gobierno, que tendrá que afrontar unas elecciones cuando acabe la crisis. Al hilo del informe, EH Bildu acusó a PNV y PSE de situarse "fuera de la lógica democrática" y "obstaculizar el trabajo de la oposición para proteger al Gobierno Vasco de eventuales críticas". Eba Blanco, vicepresidenta de la Mesa, dijo que el informe "no responde a la actual situación de excepcionalidad, sino a los intereses del PNV", y al mismo tiempo dijo, sin embargo, que el texto "no cierra la puerta" al control y es cuestión "de voluntad política".
No hay ningún enganche en el informe que permita a EH Bildu agarrarse a él. Los servicios jurídicos dicen que la Diputación Permanente "no asume la totalidad de las funciones del Parlamento, ni siquiera las más básicas, ya que carece de competencia legislativa". Admite que, en esta situación excepcional que se ha abierto tras el aplazamiento de las elecciones, se puede plantear la pregunta de si la Diputación Permanente debe cambiar su naturaleza jurídica y sus competencias, pero cree que no debe ser así. Argumenta que la anulación de las elecciones no es un acto voluntario o caprichoso del lehendakari, sino que está motivada por razones de salud, y que la nueva fecha no queda en manos del deseo arbitrario de Urkullu, sino de la posibilidad material de convocar los comicios cuando cese la crisis. Por ello, concluye que "la Diputación Permanente debe seguir cumpliendo las funciones que reglamentariamente tiene". "Lo contrario sería una evidente modificación reglamentaria de facto" sin seguir los cauces legales.
El informe recuerda que la Diputación Permanente se convoca por la presidencia a iniciativa propia o a petición de dos grupos o de una quinta parte de los representantes, siempre con un "orden del día" con asuntos "que no admitan aplazamiento". La Mesa tendría que valorar "la transcendencia y la urgencia". "No puede instarse la celebración de sesiones con carácter genérico o periódico", zanja.
La cita telemática de Urkullu tendrá hoy la novedad de la reaparición del dimitido líder de Podemos, Lander Martínez, que defenderá las medidas del Gobierno español de coalición, criticará al lehendakari por oponerse al cierre de empresas, y lo acusará de falta de transparencia. También participan Joseba Egibar (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), José Antonio Pastor (PSE) y Carmelo Barrio (PP).
¿Cuándo se puede reunir la Diputación Permanente? "No cabe la posibilidad de solicitar convocatoria sin una concreción de los asuntos". Los asuntos no deben "admitir aplazamiento". La Mesa tendrá que valorar "la urgencia". "No puede instarse la celebración de sesiones con carácter genérico o periódico".
¿La situación cambia por el aplazamiento de las elecciones? Admite que se puede formular esa duda, pero dice que las competencias se mantienen sin cambios. Argumenta que el aplazamiento electoral y la nueva fecha no serán una decisión voluntaria de Urkullu, sino por razones sanitarias. Dice que otros parlamentos del entorno funcionan también para lo imprescindible.
El recado. "No se nos escapa que este ejercicio de control pudiera llevar a un uso partidista y espurio para incidir en la batalla electoral".
