MADRID - “No he hecho nada irregular y ni por supuesto ilegal, pueden investigar lo que quieran”. Así, con un tono rozando lo jocoso, se manifestó ayer Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción quiere investigarla en el caso Púnica, como a la también exdirigente del feudo madrileño Cristina Cifuentes. Eso sí, mientras que Aguirre se desplazó hasta la Real Casa de Correos para estar presente en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso aseverando que está “a disposición de la justicia”; Cifuentes, como Ignacio González, se ausentó. En Sol hay nueva presidenta, pero en sus paredes retumban los escándalos gestados bajo los gobiernos del PP de sus predecesores.

“Mi padre siempre decía que lo importante del mérito no es que los demás te lo reconozcan, sino llegar a merecerlo... la íntima satisfacción del deber cumplido”, escribió recientemente en sus redes sociales Cifuentes, sin apenas apariciones públicas desde que dimitió por el escándalo del caso Máster y la publicación de un vídeo en el que protagonizaba un supuesto hurto. “Querida Isabel Díaz Ayuso, te deseo lo mejor en esta nueva andadura. De corazón”, dice. Por su parte, para Alberto Ruiz Gallardón lo importante “es mirar hacia adelante”, cerrando el paso a que vuelva el pasado. “Siempre que entra un equipo nuevo tiene que venir con un espíritu de renovación y espíritu rebelde”. Con todo, Ayuso habla de un tiempo nuevo pero de su boca no salen los vocablos Gürtel, Lezo o Púnica, ni siquiera el término corrupción.

En la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, la número 9, las fiscales Anticorrupción se apoyan en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado Manuel García Castellón que llame a declarar como investigados a Aguirre y Cifuentes, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa. Anticorrupción considera que Aguirre, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, debe rendir cuentas por las supuestas prácticas sospechosas de financiación del PP madrileño en la época en la que estuvo al frente del mismo, entre los años 2004 y 2016. Es la primera vez que su imputación es solicitada por el Ministerio Público, cuyo criterio suele asimismo marcar los pasos de los jueces investigadores. Según el cálculo de la UCO, el PP usó casi cinco millones de euros de una supuesta contabilidad opaca en las campañas de las municipales y autonómicas de 2007 y 2011, y en los actos de las generales de 2008 que organizó la formación regional.