CARTAGENA. En declaraciones a los periodistas, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos y futura vicepresidenta autonómica, Isabel Franco, ha especificado que la propuesta que Vox "le planteaba" al PP, su socio de gobierno, "no es incompatible" con el acuerdo que tienen los naranjas con los populares.
Por su parte, López Miras, presidente de la Comunidad en funciones y candidato a una segunda investidura, una vez que Vox tumbó la primera, ha destacado la "generosidad" de este partido para llegar a una entente gracias a un documento que asume "plenamente" porque es "perfectamente compatible y complementario" al ya suscrito con Ciudadanos.
Fuentes parlamentarias manejan el final de la próxima semana como fecha para el inicio de la ronda de consultas por parte del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, por lo que el debate de investidura se podría celebrar el 29 y 30 de julio.
Ante la petición de Vox de que PP y Ciudadanos deben dejar claro y público su apoyo al documento, Franco ha apuntado que el "lugar más serio para aceptar este documento" es la comparecencia de prensa de esta mañana y en la segunda sesión de investidura de López Miras, donde, según ha insistido, repetirá que el documento de Vox "no es incompatible" con el pacto alcanzado previamente con los "populares".
"Finalmente, se ha impuesto la responsabilidad y la generosidad de los tres partidos", ha apostillado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, quien ha destacado el papel de su partido para desbloquear la negociación al ser el anfitrión de las dos primeras reuniones entre PP, Cs y Vox celebradas tras la primera sesión de investidura de López Miras.
El candidato de los "populares" ha reconocido la "generosidad, altura de miras y la capacidad de diálogo" de Vox al haberse centrado en los "aspectos que nos unen" a los tres partidos, de forma que la Región dispondrá de un Gobierno que abogue por la bajada de impuestos y la mejora económica y social de los habitantes de la Región.
El documento remitido por Vox retira cualquier alusión a la reforma de la Ley de Igualdad LGTBI, pero mantiene la necesidad de aumentar la inspección educativa para evitar el "adoctrinamiento en las aulas".
