madrid - Mientras se produce el deshielo político entre Madrid y Catalunya, los tribunales están a punto de abrir juicio contra la cúpula del proceso soberanista y los impulsores del referéndum de independencia del 1 de octubre. Entre ellos se encuentran el exvicepresident Oriol Junqueras y también el expresident Carles Puigdemont, aunque en su caso las circunstancias son diferentes y su enjuiciamiento depende de que Alemania decida la extradición a España. JxCat y ERC cruzan los dedos para que la nueva fiscal general del Estado nombrada tras el acceso de Pedro Sánchez a La Moncloa, María José Segarra, retire todos los cargos. No obstante, Segarra aseguró ayer que “a día de hoy no hay ningún cambio en la posición” del ministerio público y mostró su “apoyo” a todos los fiscales que han venido actuando en estas causas porque lo han hecho con “absoluta profesionalidad”, un anuncio que se produce mientras se especula con un hipotético pacto con los acusados para rebajar las penas.
La fiscal puntualizó que aún es pronto para elucubrar con pactos con los acusados o con la calificación de los delitos porque no ha arrancado el juicio y, por tanto, no se ha redactado el escrito de acusación. Hasta la fecha, los fiscales han apostado por mantener el delito de rebelión para los procesados en el Tribunal Supremo. El juez Llarena está a punto de sentar en el banquillo a los acusados tras haber concluido la investigación. El Supremo acaba de confirmar el procesamiento de Puigdemont, Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Toni Comín y Dolors Bassa; la ex secretaria general de ERC Marta Rovira; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exdirigente de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. La Audiencia Nacional, por su parte, juzgará por sedición a la cúpula de los Mossos y a su major Josep Lluís Trapero. También en este caso el juicio está al caer tras el auto de procesamiento emitido a finales de mayo. El procesamiento es el último paso previo a la apertura de juicio. Será entonces cuando la Fiscalía precise de manera oficial qué condena pide para los implicados.
JxCat y ERC exigen al Gobierno español de Pedro Sánchez la puesta en libertad de los soberanistas, lo que podría materializarse a través de una rectificación de la Fiscalía, que podría retirar todos los cargos para que no haya juicio, o alcanzar un pacto con los acusados para que asuman los hechos y se rebaje la pena. Esta segunda vía genera rechazo entre el soberanismo porque supondría asumir que cometieron un delito, tal y como aseguró la semana pasada el abogado de los huidos, Gonzalo Boye. La otra opción pasaría por un indulto del Ejecutivo socialista cuando ya existiera una condena en firme (el PSC lo insinuó en la campaña de las elecciones catalanas, pero el PSOE lo descarta totalmente).
no es el momento procesal Segarra respondió en Santander a preguntas de la prensa sobre una hipotética rebaja de las penas. “No se ha formulado ningún escrito de acusación, por lo que no se puede hablar entonces de ninguna rebaja de nada”, dijo, para aclarar después que lo próximo que va a hacer la Fiscalía es “formular la calificación cuando nos den traslado, y es de suponer que será en fechas próximas”. La posición pública del Gobierno español es que no son presos políticos. Por parte de los soberanistas, se puntualiza que este asunto no entra en la negociación política.