barcelona - El choque de trenes en el que las partes en conflicto han asumido que desembocará el proceso soberanista catalán pasará a partir de hoy por las últimas estaciones hasta la colisión definitiva prevista el 1 de octubre, fecha del referéndum independentista. Después de que el Govern haya exprimido al máximo los plazos y evitado en lo posible cualquier plasmación tangible de su estrategia, la posible admisión a trámite de la Ley del Referéndum por la Mesa del Parlament supondrá el paso más explícito en la creación del armazón legislativo que propicie la consulta. Pero, al mismo tiempo, pondrá al descubierto la iniciativa del gabinete de Carles Puigdemont, lo que tendrá como consecuencia la reacción inmediata de Moncloa para tratar de cortarle las alas a las primeras de cambio.

Por el momento, la Mesa que preside Carme Forcadell, que se reunirá a las 10.00 horas en esta primera reunión ordinaria del nuevo periodo de sesiones, mantiene sus ases guardados bajo la manga y no ha incluido la trascendental ley en el orden del día. Su objetivo sigue siendo evitar en lo posible cualquier acción de respuesta desde Madrid, por lo que se abren dos opciones: que dicho punto se incorpore a última hora o que se deje para más adelante. El momento escogido para ello sería el Pleno del Parlament del próximo 6 de septiembre, el primero tras el periodo estival, y en el que se prevé aprobar la norma que tiene como fin convocar, organizar y celebrar la consulta del 1-O.

Para llevar a cabo este rodeo, los soberanistas disponen de vías alternativas con el reglamento del Parlament anterior al que surgió tras la reforma aprobada por Junts pel Sí y la CUP el 26 de julio, que fue inmediatamente recurrida por el Gobierno del PP y suspendida por el TC. Se trata del artículo 81.3 de dicha normativa, que establece que el orden del día del pleno puede ser alterado para incluir otros puntos a propuesta de la presidenta de la Cámara, de dos grupos o de una quinta parte de los parlamentarios. Además, el artículo 135.1 avala la tramitación directa y en lectura única de un proyecto de ley tras el acuerdo del pleno. El Govern también la puede presentar como proyecto de ley o ser aprobada por decreto ley.

Frente a la incertidumbre jurídica creada por las sucesivas impugnaciones y suspensiones, desde el Govern insisten en que llevarán a cabo el referéndum, aún a riesgo de enfrentarse a sanciones patrimoniales e inhabilitaciones de altos cargos. Alegan para ello que la Ley del Referéndum va a ser aprobada por un Parlament “legítimo y democrático”, y que les asisten dos derechos reconocidos internacionalmente: el principio democrático y el derecho de excepción frente a la cerrazón del PP a pactar la consulta.

La Ley del Referéndum establece por su parte “un régimen jurídico excepcional” para celebrar la consulta y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana. El artículo 3 advierte ante la previsible suspensión de la ley por parte del TC, y destaca que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Catalunya”.

la Diada del sí A medida que se van acortando los plazos para el 1-O, a las formaciones soberanistas les urge también movilizar a la sociedad catalana en favor del referéndum. Una fecha crucial es la festividad de la Diada del 11 de septiembre, convertida en los últimos años en uno de los principales dinamizadores del procés. En este caso, se ha rebautizado como la Diada del Sí, en referencia a la respuesta en favor de la independencia que aparecerá en las papeletas del 1-O -la pregunta es “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”-. “Este 11 de septiembre encaramos la movilización más trascendental de la historia del país”, aseguran los impulsores de la cita, que este año buscará que una multitud llene el Passeig de Gràcia y el Carrer d’Aragó en Barcelona para formar “un inmenso signo más”. El mismo simbolizará “todas las oportunidades del nuevo Estado en forma de República que nos espera en las papeletas del referéndum”.

La capacidad de convocatoria en ese día supondrá uno de los principales indicadores del apoyo social al referéndum. El PDeCAT, ERC y la CUP pretendían contribuir a ello escenificando una aparente unidad durante la presentación de una campaña conjunta por el sí que arrancará en la medianoche del 15 de septiembre. Sin embargo, esa pretendida apuesta común pronto saltó por los aires con el enfrentamiento entre la CUP y el PDeCAT a cuenta de las acciones de las juventudes cuperas contra el turismo, y por la campaña de esta formación para el 1-O, que insta a “barrer” de Catalunya al rey y a Mariano Rajoy, pero también a Artur Mas y Jordi Pujol.

Dicha campaña tendrá, en cualquier caso, una duración de 15 días, en consonancia con la pretensión de asemejar este proceso en lo posible a una convocatoria electoral al uso. A la espera de que se desvelen las fechas de los tres principales actos de esas dos semanas -el central tendrá lugar en la capital catalana-, la página oficial webdelsi.cat arroja una miríada de convocatorias, que de hecho empezaron muchas semanas atrás, copadas por la CUP y ERC y con una presencia casi testimonial de la antigua CDC.

Transición a un nuevo Estado Con los resultados del referéndum en la mano, y en el caso de que se imponga el sí, las leyes de desconexión son las que permitirían la ruptura con el Estado español. Sobre todo la ley de transitoriedad jurídica, que es la que certificará la independencia y sentará las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán. Mientras la Assemblea Nacional Catalana (ANC) abogaba por dar a conocer esta ley a finales de agosto, existen más dudas respecto al momento apropiado para su aprobación: desde la CUP exigen que sea antes del 1-O, pero Junts pel Sí es más partidaria de hacerlo después, para no dar por sentado el resultado del referéndum.

En cualquier caso, de celebrarse finalmente el 1-O y resultar mayoritario el sí, la previsión es realizar una declaración de independencia en un plazo de 48 horas. Por el contrario, si gana el no se convocarían elecciones autonómicas anticipadas. En los próximos días, la tensión entre los gobiernos español y catalán alcanzará sus máximas cotas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha advertido a Puigdemont de que se expone a responsabilidades penales y a ser inhabilitado. Por su parte, el president de la Generalitat ha insistido en que llevará este proceso hasta el final. Las espadas se mantienen en todo lo alto.