Tiene todo el derecho del mundo el nacionalismo español a exorcizar sus fantasmas. Ya sea en su versión más rancia y cavernaria de nostálgicos y revisionistas del antiguo régimen o en la propuesta chic de sonrisa blanqueada de los nuevos capitanes Trueno que fustigan al infiel desde el proyecto de Ciudadanos. Tienen todo el derecho a cuestionar la legalidad española y vasca en torno al Concierto y el Cupo vascos. El mismo derecho, en democracia, de querer desborddar los límites de la legalidad en favor de una profundización de la soberanía del sujeto de derecho vasco. Ambas son reivindicaciones políticas legítimas, aunque cuanto más tiempo se dedica a bendecir una más se anatemiza la otra.

No hay, por tanto, de qué sorprenderse cuando el partido de Albert Rivera carga contra la soberanía fiscal vasca. Está en su esencia uniformizadora, en su naturaleza centralizadora el laminar la diferencia. En eso, la nueva derecha se parece a la vieja izquierda estalinista; aquella que aprenció a su vez de los zares el modelo de cohesionar el imperio a base de movimientos de población colonizadora que facilitara una base social uniforme en todo el territorio. Cultural y étnicamente eslava, allí donde hubiera una sensibilidad nacional, un sentido de pueblo, identidad y pertenencia. Pero esa es otra historia.

La de hoy es más burda, más simple y más improvisada. Dijo ayer Inés Arrimadas -la sustituta de Rivera en Catalunya cuando a éste le dieron los votantes el carné de hombre de Estado- que al Concierto y al Cupo los pondrá fin la integración europea. Que son antiguallas que no pueden subsistir al modelo de integración. Y el argumento, de tan manido y desacreditado por la justicia española y la europea, da la medida de la calidad política del proyecto nacional de Ciudadanos.

Llegan tarde Rivera y Arrimadas. Quizá la ignorancia es atrevida y no han dedicado el tiempo que su responsabilidad les exigiría haber puesto en informarse. La vigencia del sistema fiscal vasco y su encaje en Europa ya fue cuestionada ante el Tribunal Supremo español y el de Luxemburgo en el pasado. Lo hicieron las comunidades de La Rioja y Cantabria, gobernadas por esa otra derecha española que Ciudadanos quería sustituir y ahora se conforma con medrar a su sombra. Y puedo entender que la jerezana enamorada de Catalunya no se enterara de que en 2008 la justicia europea ratificó el encaje de la fiscalidad vasca en la Unión Europea porque por esas fechas andaba estableciéndose en Barcelona. Pero, metida ya en política desde 2010, no pudo escapársele la sentencia del Tribunal Supremo en 2013 que ratificaba la capacidad vasca de definir normativa fiscal propia aunque ésta difiera de la de régimen común. De modo que el discurso de Ciudadanos sobre el Concierto es virtual. El día que, como sostiene, la armonización europea alcance el punto de igualar los sistemas de financiación pública (Concierto y Cupo) y los tipos fiscales que conviven en la Unión, no será porque Euskadi se uniformice con España. Será porque a España, a Francia, a Alemania, a Italia -y sumen a todos los países del euro- un organismo económico común les dictará una estrategia fiscal compartida. Y eso tiene pinta de ir para largo. Mientras tanto, infórmense más o mientan menos.