Bilbao - El Gobierno Vasco amparará actos en memoria de las víctimas, organizados por instituciones, siempre que lleven “implícito el reconocimiento de la injusticia de la violencia”. El Ejecutivo respondió de esta manera al Ayuntamiento de Otxandio, que manifestó su “miedo por las consecuencias penales que pueda acarrear homenajear a las víctimas”, en alusión a las detenciones practicadas el martes en relación a un homenaje a Luzia Urigoitia. En este contexto, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, matizó que es “radicalmente distinto recordar el sufrimiento injusto de una víctima” y “homenajear su militancia en la violencia”.

El posicionamiento del Ejecutivo de Iñigo Urkullu vino a responder a una moción aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Otxandio, un texto en el que se denunciaban las detenciones de la Guardia Civil del martes y se pedía esa protección de cara a eventuales homenajes. Mientras, los cuatro vecinos de la localidad fueron puestos en libertad con cargos, acusados de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” por haber impulsado en julio el homenaje a Urigoitia, militante de ETA muerta en extrañas circunstancias en 1987 después de que la Guardia Civil entrase en su domicilio. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu señaló que tuvo conocimiento de esta petición de amparo del consistorio otxandiarra a través de los medios de comunicación y dejó clara su posición. El Gobierno vasco amparará todos aquellos actos institucionales que “además de la memoria hacia las víctimas, lleven implícito el reconocimiento de la injusticia de la violencia”. Jonan Fernández ahondó en este posicionamiento y señaló que homenajear la militancia violenta de una persona “es incompatible con una política pública y democrática de memoria”, algo que diferenció claramente de aquellos actos que busquen “recordar el sufrimiento injusto de una víctima” .

Además, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco aclaró en qué contexto aparece la figura de Luzia Urigoitia en la relación de personas asesinadas que incluye el proyecto de retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco. Fernández explicó que el Gobierno vasco consideró en su momento que su caso precisaba de “más investigación”, ya que el Estado de Derecho “no siempre actuó” como tal “y eso también forma parte de la memoria”. “Dentro de los retratos, este caso está recogido en el apartado de casos que necesitan más investigación. En todo caso, estos retratos no son documentos de reconocimiento oficial de víctimas. El reconocimiento oficial de víctimas es un proceso en debate y construcción complejo”, indicó.

No en vano, el documento relativo a Urigoitia se limita a recorrer las circunstancias que rodearon a su muerte y a la investigación. Este texto señala que la autopsia reveló cómo uno de los disparos fue realizado a escasa distancia de su nuca y recuerda un episodio de manipulación de pruebas en medio de la instrucción judicial.