MADRID - El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, defendió ayer que en la concesión del tercer grado penitenciario o régimen abierto al exministro y expresidente balear Jaume Matas “se observó la legalidad” y no fue “gracioso ni arbitrario” ni supone ningún beneficio ni privilegio. Yuste compareció, a petición propia y de algunos grupos parlamentarios, en la Comisión de Interior del Congreso para explicar la concesión del tercer grado a Matas, que ingresó en julio en la cárcel de Segovia para cumplir una pena de nueve meses por tráfico de influencias.

Según el responsable de Instituciones Penitenciarias, cinco de los ocho miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia votaron en contra del tercer grado, por lo que al no haber unanimidad se aplicó la ley y fue él quien dictó la resolución. Aludió a los informes de los técnicos para justificar ese tercer grado y recordó que los miembros de la Junta de Tratamiento que votaron en contra consideraron que Matas estaba reinsertado, con una familia formalizada, un trabajo y contactos sociales, que “siempre ha tenido y los tendrá”.

Explicó además que el régimen abierto es “una de las dos formas” que existen de cumplir una pena y destacó que “en esa situación se encuentran más del 16% de los internos en España”, al tiempo que defendió que las leyes penitenciarias españolas “potencian” el régimen abierto. Sobre esas leyes que rigen las formas de cumplir las penas en España, añadió que “han sido reconocidas internacionalmente” en numerosas ocasiones.

Estas explicaciones no convencieron al PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y el PNV, que coincidieron en reprochar a Yuste su decisión contraria a la Junta de Tratamiento. Así, consideraron que este “escándalo” sólo tiene una explicación, y es que el presidente balear fue un dirigente del PP. “Era uno de los suyos”, resumió el socialista Pablo Martín Peré. - DNA