barcelona -Un juez de la Princely Court of Justice de Liechtenstein investiga al expresident de la Generalitat Jordi Pujol por un presunto delito de blanqueo de dinero y ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes y las causas que tenga abiertas en España. En un oficio, la Oficina Central Nacional de Interpol España ha comunicado a la juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta por Jordi Pujol y su familia la petición que el juez de Liechtenstein Michael Jehle ha tramitado con el fin de “preparar una solicitud de comisión rogatoria” relacionada con la causa de blanqueo.
En su escrito, que llegó la semana pasada al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, la Policía Nacional informa de que, a través de Interpol-Vaduz, ha recibido hace unos días una comunicación electrónica en la que comunica la existencia de “un procedimiento penal abierto por la Princely Court of Justice, con el número 14 UR.2014.405”.
La causa, añade el escrito, se ha abierto por unas “sospechas de blanqueo de dinero” contra una persona identificada como Jordi Pujol, de nacionalidad española y nacido el 9 de junio de 1930, y que posteriormente Interpol-Vaduz confirmó que se trata del expresidente catalán.
El objetivo de la petición de Interpol-Vaduz, sostiene la Policía Nacional, es solicitar, a instancias del juez Michael Jehle que investiga el caso, “que puedan facilitarse en su caso registros de antecedentes y condenas”.
Según el oficio de la Interpol española, en un escrito posterior del pasado 8 de octubre, Liechtenstein precisó que el requerimiento tiene la finalidad de “preparar una solicitud de comisión rogatoria”, por lo que pide información sobre la autoridad judicial que tenga abiertos procedimientos en España contra Jordi Pujol.
Por ese motivo, la Interpol de España solicita al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona que investiga la querella de Manos Limpias tras la confesión de Jordi Pujol “si no tiene inconveniente en poner en conocimiento la referencia de sus diligencias previas a la autoridad judicial de Liechtenstein, a través de IP Vaduz”.
En una providencia, el juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta por los Pujol sostiene que “no existe inconveniente” en informar a la autoridad judicial de Liechtenstein sobre lo solicitado, una vez sea firme su resolución, que es recurrible.
Por otra parte, las autoridades suizas -al igual que antes hizo Andorra- han respondido al juzgado de Barcelona que investiga a Pujol que no se puede dar curso a su petición de comisión rogatoria porque la solicitud no cumple los requisitos. “No se indican la infracción de blanqueo ni la infracción previa. No se facilita ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado”, según un oficio enviado por la Oficina Federal de la Justicia al Ministerio de Justicia.
dificultades en suiza Añade este oficio que el juzgado tampoco pone de manifiesto ninguna relación de Pujol con Suiza y añade que “la solicitud parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra”.
Recuerda también que el derecho suizo exige que estas solicitudes de colaboración extranjera tienen que “mencionar principalmente la fecha y el lugar de la comisión de los hechos, las personas implicadas y su función”. Añade que cuando los hechos tienen que ver con el blanqueo “se deben hacer constar los hechos que fueron origen del dinero”; sin embargo, las autoridades suizas aseguran que están abiertas a colaborar si se aporta toda esta información. - Europa Press/Efe
Comisión en el Parlament. El diputado de la CUP en el Parlament David Fernández presidirá la comisión de investigación sobre el caso Pujol y el fraude fiscal, según acordó ayer la Junta de Portavoces de la Cámara catalana con la única oposición de PP y C’s. La comisión estará formada por dos diputados de cada grupo y echará a andar una vez la presidenta del Parlament, Núria De Gispert, fije una fecha.
Fianza. La familia Pujol ha pedido al juez de Barcelona que les investiga por su fortuna oculta en el extranjero que rechace la petición de partidos políticos, plataformas y particulares para sumarse como acusación popular en la causa y que, si les admite, les imponga una fianza de 50.000 euros.
