El Parlamento refuerza de forma unánime el control de los cargos públicos

Gasteiz - En un hecho poco frecuente, la clase política vasca aparcó ayer sus diferencias con la aspiración unánime de recuperar la confianza de la ciudadanía. Este es el principal objetivo para que tres décadas después de que se vertebrera el control de los cargos públicos en Euskadi, el Parlamento Vasco aprobara con el voto favorable de todos los grupos una nueva ley que regula el código de conducta y el régimen de incompatibilidades de este colectivo.

Sobre la estructura básica vigente en la que se asienta la norma aparecerán nuevos requisitos encaminados a reforzar este control institucional, una nueva herramienta cuya utilidad ejemplifica la imposibilidad de mantener durante dos años ningún tipo de relación laboral con empresas con las que el cargo público hubiera tenido vinculación directa en el desempeño de sus funciones.

Junto a este requisito, los cargos deberán hacer una declaración de actividades y bienes correspondiente a los dos años anteriores a su incorporación a la Administración pública y repetirla dos años después de abandonar esta función laboral, información que tendrá carácter reservado y a la que solo tendrán acceso el Gobierno y el Parlamento Vasco, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal. Según recoge la nueva norma, ésta se aplicará a los altos cargos del Ejecutivo autonómico; es decir, el lehendakari, los consejeros, los viceconsejeros y directivos. Además, también están incluidos en la ley el Ararteko y su adjunto, y los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entre otros.

A pesar de que las diputaciones y los ayuntamientos también figuran en el listado de instituciones afectadas por la entrada en vigor de la norma, el efecto real que tendrá sobre ellos se limita a los principios generales que marca la ley, de tal forma que será la propia regulación de los entes forales y locales la que controlará como hasta ahora la función de estos trabajadores.

Los grupos parlamentarios pusieron en valor la capacidad de todas las bancadas para culminar este acuerdo, un “gran paso”, según la portavoz del PNV Ana Otadui, que “ayudará a recuperar la confianza de la ciudadanía”.

La dirigente socialista Idoia Mendia también elogió el acuerdo, aunque quiso poner en evidencia la escasa productividad legislativa al recordar que se trata de la cuarta ley -sin contar los Presupuestos - que se aprueba desde que el PNV regresó al Gobierno.