varios disparos retumban sobre un puente. Un asesinato a sangre fría quiebra la quietud de la ciudad. La víctima, Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, yace en el suelo. El estallido de la noticia dispara las redes sociales, un termómetro de la actualidad. A esas horas, media tarde, se desconoce cualquier detalle sobre la autoría del crimen. Se apilan las hipótesis, las conjeturas. El único dato contrastado que se aporta es el de la identidad de la fallecida. Es suficiente. En ese mismo instante, en Twitter, algo así como la plaza del pueblo de la era digital, se enciende un acalorado debate, se especula sin rubor alguno. No son pocos los mensajes de dirigentes políticos y periodistas que enlazan el asesinato con la vida política como si se tratara de un asesinato enraizado en la res pública o consecuencia de ello. Se habla del clima de hostigamiento hacia los cargos electos, de que el asesinato de Isabel Carrasco ha de contextualizarse bajo esos parámetros. En ese ambiente, entre condolencias, se produce una reacción espontánea muy alejada de lo políticamente correcto. Un flujo de mensajes que no muestra ni un gramo de empatía hacia la víctima. Más bien al contrario.
A medida que transcurre la tarde del lunes se conoce que las presuntas asesinas son una madre y una hija. La hija es afiliada al PP, el partido al que pertenecía la finada, y trabajó para Carrasco en la Diputación de León. Más tarde se especula con la venganza como causa probable del asesinato. Motivos personales. Nada que ver con la arena política. Es demasiado tarde. A esas horas, arde Twitter, una bacanal de toda clase de opiniones de poca graduación o de alto octanaje. "Son indeseables los que hacen estos comentarios. Dicen cosas que nos abochornan", aseguró Jorge Fernández Díaz cuando leyó los mensajes que circulaban por la red. El ministro de Interior lamentó que se produzcan "comentarios absolutamente injuriosos". Apuntó que "es evidente que, en la medida que hacen apología del delito y fomentan el odio, son conductas que están tipificadas en el Código Penal". Se activa la caza de brujas. Versión 2.0. Al menos es lo que parece.
El propósito del ministro, que reacciona de forma inmediata, como un resorte, es buscar "instrumentos legales adicionales que hagan compatible la libertad de expresión con el derecho de los ciudadanos a su honor, su intimidad y su seguridad". Agarrado a esa rimbombante declaración, Jorge Fernández Díaz no pestañea y ordena a las Fuerzas de Seguridad del Estado que rastreen las cuentas de Twitter de los "indeseables" para detener a los autores de los comentarios sobre el asesinato que entiende constitutivos de delito. El jueves, la Guardia Civil apresa a un joven valenciano de 19 años, ya en libertad con cargos, por un supuesto delito de apología para la comisión de delitos de asesinato. El viernes, la policía, siguiendo las mismas directrices, captura a otro chico en Jerez por motivos similares. En esta ocasión, un vídeo con una letra aberrante.
"Los comentarios pueden ser muy burros, muy bestias, pero de ahí a que sean constitutivos de delito... lo debe dictaminar un juez", expone el juez Edmundo Rodríguez, coordinador en Euskadi de Jueces para la Democracia, sobre la polémica que se ha desatado a consecuencia de los comentarios vertidos en las redes tras el asesinato de Isabel Carrasco. "La gente puede decir lo que quiera mientras no se vulnere el Código Penal. Ese es el límite. Existen comentarios que pueden ser éticamente muy reprobables, con mucha mala baba, pero eso no significa que sean delito mientras no se injurie o se calumnie y un juez así lo crea".
"El derecho a la libertad de expresión suele prevalecer sobre el del honor, salvo que un juez dictamine que lo expresado es constitutivo de delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va en la línea de despenalizar este tipo de comentarios, aunque eso no significa que se abogue por la impunidad, ni mucho menos", expone Iñaki Galdeano, profesor asociado de la UPV y experto en derecho de la información. Sorprendido por la magnitud que ha tomado la discusión en la sociedad, el docente tiene la impresión de que "con todo esto se ha montado una película impresionante teniendo en cuenta que el asunto, en el fondo, no tiene relevancia penal de calado". En esa misma línea se sostiene el discurso de Edmundo Rodríguez respecto al impacto real de la campaña activada desde Interior. "Sinceramente, creo que no tiene ningún recorrido. Me temo que tendrá poca relevancia penal. Si se actuase del mismo modo cada vez que alguien dijera alguna burrada...".
reforzar el código penal. En el Gobierno español no piensan de la misma manera. A juicio del Ejecutivo, de las fuerzas de seguridad y de los tribunales, existe base suficiente "para reaccionar ante delitos de esta naturaleza, que son graves y merecen condena", apuntó Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, proclive a reforzar el Código Penal. La vicepresidenta indicó que cualquier modificación se llevaría a cabo de forma consensuada. "Es peligroso legislar a golpe de titular. Modificar el Código Penal en caliente es arriesgado porque se suele perder el principio de proporcionalidad, que es fundamental", describe Iñaki Galdeano. "El Código Penal actual es suficiente porque ya señala dónde están los límites de la libertad de expresión y qué resulta punible. Luego el juez interpreta cada caso y dicta sentencia". Más allá del soporte, sea sobre el papel, en la radio, en la televisión, en internet o en la calle, los expertos sugieren que el actual Código Penal, de nuevo en el ojo del huracán, es suficiente. "Se ha montado una campaña excesiva. De hecho, en muchos espacios públicos, en televisión, en numerosos tertulias se dicen auténticos disparates", advierte Edmundo Rodríguez.
De momento, no han detenido a nadie en un plató a pesar de la mucha bilis que algunos expulsan por su boca a modo de opinión amparándose en el derecho a la libertad de expresión. "En este caso sorprende la celeridad que se ha mostrado para estos casos cuando en las redes sociales también existen desde hace mucho tiempo comentarios que alientan el nazismo y no se ven esta clase de actuaciones policiales. Da la impresión de que no existe un principio de equidad en la persecución de los delitos", reflexiona Iñaki Galdeano. Subraya el docente que no se puede ser arbitrario en la persecución de los delitos y "parece que no todos se persiguen con la misma determinación". ¿Caza de brujas 2.0?
