vitoria. Si Bildu no se incorporara al pacto fiscal de PNV, PSE y PP, la Diputación de Gipuzkoa se vería obligada a recaudar los impuestos con unas normas fijadas por la oposición. El acuerdo entre jeltzales, socialistas y populares en las Juntas Generales del territorio alteraría algunas de las normas vigentes, aunque no parecía quedar tan claro qué sucedería con el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. Esa figura únicamente opera en Gipuzkoa, y no aparece recogida en el pacto PNV-PSE-PP ni para derogarla ni para modificarla. Por ello, cuando la formación de Arantza Quiroga comenzó a poner el foco en el efecto desarmonizador de ese impuesto, pareció cobrar fuerza la posibilidad de que los tres partidos apadrinaran algún cambio en esa norma en las Juntas Generales. Sin embargo, fuentes jeltzales y socialistas consultadas por DEIA aclararon que su acuerdo no contemplará ninguna variación en ese impuesto, que "quedará como está". Los firmantes del pacto registrarán hoy mismo sus propuestas en las Juntas de Gipuzkoa, que contemplan alteraciones únicamente en el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones.

Según fuentes del PSE, los tres partidos han "apalabrado" atender la evolución del impuesto en el territorio y, solo en el caso de que tuviera efectos muy distorsionadores en el conjunto de la recaudación, se estudiaría la posibilidad de armonizarlo. En principio, ese punto queda al margen del pacto. Por ello, Bildu no debería temer cambios en ese campo, aunque sí podría toparse con el veto de la oposición si propusiera endurecer ese impuesto e ir más allá. De hecho, la coalición defendió en el pleno monográfico del Parlamento Vasco que se extrapolara ese impuesto a toda la CAV, y que se incrementara el tipo impositivo con que se grava.

EL IMPUESTO Bildu pactó esa norma fiscal el pasado año con el PSE en Gipuzkoa. La propuesta alumbrada por ambos preservaría el límite exento del Impuesto de Patrimonio -700.000 euros- y la exención de 300.000 euros en la vivienda habitual pero, como novedad, abarcaría también los bienes y derechos afectos a actividades económicas y participaciones en ciertas entidades -aunque con una bonificación del 75%-. Además, eliminaría el escudo fiscal, un tope por el que, entre el Impuesto de Patrimonio y el IRPF, ningún contribuyente debía abonar más del 60% de la renta declarada.