málaga. La sentencia del caso Malaya, dada a conocer ayer, merma sustancialmente las penas a los procesados, entre ellos el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que condena a 11 de los 30 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, y absuelve a casi la mitad de los 95 acusados. La resolución judicial, que consta de 5.774 folios, considera probado que Roca "ejerció como alcalde de hecho durante años", mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes".
El tribunal ha condenado al "jefe de la organización" por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, y le ha impuesto una multa de 240 millones, que también dista de los 810 millones de euros que pedía el fiscal.
En la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, las licencias urbanísticas se decidían en reuniones entre Roca y los cabezas del gobierno municipal tripartito presidido por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe.
La exregidora de la ciudad entre el 2003 y el 2006 ha sido condenada a seis años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, frente a los dieciséis años que solicitaba la acusación pública.
Su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, que se encuentra encarcelado por una causa relacionada con blanqueo de capitales, ha sido condenado en Malaya a dos años de prisión, una quinta parte de la pena propuesta por Anticorrupción.
La exteniente de alcalde Isabel García Marcos ha sido condenada a cuatro años de cárcel, un tercio de la petición fiscal.
rebaja de penas También ha habido importantes rebajas de las penas entre la treintena de empresarios acusados de obtener favores municipales, sobre todo urbanísticos, a cambio de dádivas, que Roca "dosificaba" entre los funcionarios públicos y concejales.
Destacan por la relevancia de las penas Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros y han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos. Al promotor granadino José Ávila Rojas se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros -le pedían 10 años y 55 millones de multa- y el constructor cordobés Rafael Gómez ha sido condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros. Entre los más de cuarenta procesados que han sido absueltos en este macroproceso figuran los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya.
La reducción de las penas fue ayer acogida con alegría y satisfacción por muchos de los procesados, aunque los principales ya anunciaron su intención de recurrir la sentencia, caso de Juan Antonio Roca y Marisol Yagüe, mientras que la Fiscalía analizará los argumentos esgrimidos por el tribunal para tomar una decisión.
"detenciones mediáticas" En la sentencia, la Sala cuestiona la instrucción del caso al señalar que algunas detenciones fueron "excesivamente mediáticas" y que la "espectacularidad con que se realizaron" algunas de ellas "no era necesaria".
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, destacó que, pese a la rebaja de las penas, se demuestra la "objetividad e imparcialidad" del tribunal. El abogado Diego Martín Reyes, que presidió la gestora que tomó el mando del Ayuntamiento de Marbella en el 2006 cuando fue disuelto a raíz de la Operación Malaya, lamentó la "levedad" de las penas y admitió que esperaba condenas "más duras".
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), declaró que la ciudad "cierra página" con la sentencia, que considera "absolutamente justa", independientemente de las penas impuestas. Por su parte, el PP andaluz consideró que es positivo que haya "sentencia y condena" para que no queden impunes los hechos de corrupción y recordó que "en la base" de todo el escándalo "está la inhibición del Gobierno andaluz socialista, que miró para otro lado a pesar de las evidencias".
Julián Muñoz (c), entre el constructor José Ávila Rojas (i) y Juan Antonio Roca, ayer en la Audiencia. Foto: efe
La sentencia pide que se restituya lo robado
El Tribunal encargado de enjuiciar el caso Malaya, en el que se ha investigado la corrupción en Marbella (Málaga), se hizo ayer eco del "deseo" y la "esperanza" de este municipio de que parte del dinero recaudado en el proceso revierta en beneficio de la comunidad "por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, sufriendo evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible". "No es justo que como consecuencia de los actos y conductas enjuiciados el pueblo de Marbella se encuentre endeudado con Hacienda y la Seguridad Social mientras que los bienes decomisados reviertan en otras localidades", según lo trasladó el magistrado José Godino, presidente de la Sala, quien precisó por ejemplo que el Ayuntamiento de Marbella recibirá una indemnización de 1,38 millones de euros por el convenio de Vente Vacío. En este punto, Godino insistió en que "el Tribunal cree respetuosamente que los bienes decomisados y el importe de las multas han de ser utilizados para saldar las deudas con las entidades públicas reseñadas". Además, resaltó, "recogemos una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz".
Roca, condenado por blanqueo de capitales, fraude, prevaricación administrativa y cohecho pasivo para acto injusto
Las licencias urbanísticas se decidían en reuniones entre Roca y los 'cabezas' del gobierno municipal presidido por Yagüe
lAs condenas
l Juan Antonio Roca (11 años). El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama de corrupción, encarcelado desde 2006 por otras causas judiciales, ha sido condenado a 11 años de prisión y a una multa de 240 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto. Roca se enfrentaba a 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros.
l Marisol Yagüe (6 años). A la exalcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 se le ha impuesto una pena de 6 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, inferior a los 16 años que solicitaba la Fiscalía.
l Isabel García Marcos (4 años). La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, considerada el azote del fallecido Jesús Gil cuando fue concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003, ha sido condenada a 4 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, un tercio menos de la pena solicitada por el fiscal.
l Julián Muñoz (2 años). Alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, Muñoz, que se encuentra en prisión por otra causa judicial, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación, frente a los 10 años propuestos por el ministerio público.
l Carlos Sánchez y Andrés Liétor (6 años). Los empresarios, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.
l José Ávila Rojas (3 años). Al promotor granadino, que ya está en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía.
l Rafael Gómez Sánchez (6 meses). El constructor cordobés, conocido como Sandokán, ha sido condenado a 6 meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros.
l Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya (Absolución). Ambos empresarios han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.
l Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón (3 años). Los directivos de la promotora Aifos, que afrontaban peticiones fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones, han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude.
l José María González de Caldas (8 meses). Pena de ocho meses de prisión al expresidente del Sevilla FC por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por la Fiscalía.
