Inhumanos y zafios

Hace año y medio que ETA decidió, por fin, renunciar a la lucha armada. El tiempo transcurrido sin ninguna señal de violencia por parte de esa organización induce a constatar que algo ha cambiado sustancialmente en nuestro ambiente político y social, un cambio que debería llevar aparejadas nuevas actitudes y nuevas estrategias en los responsables de la cosa pública. Quien no lo entienda así y, sobre todo, quien se niega de forma manifiesta a variar su modo de actuar como si nada hubiera ocurrido, demuestra una intolerable irresponsabilidad y una total ceguera política. En esta actitud sigue empecinado el Gobierno español -el actual y los anteriores-, que todavía parece necesitar una ETA activa para encubrir sus incapacidades.

De ETA, a día de hoy y siendo objetivos, no quedan más que sus presos y un número indeterminado pero exiguo de efectivos en la clandestinidad. Sobre estos últimos, como se ha podido comprobar, el Gobierno de Rajoy no quiere saber nada pero les necesita en funciones, activos, como pretexto para negarles sus derechos a los primeros. "Hasta que ETA se disuelva" es el dogma. Y como sabe que eso no va a ocurrir porque la otra parte exige que solo puede hacerse mediante acuerdo negociado, el Gobierno español se ensaña con los que tiene más a mano, los presos, a quienes trata como auténticos rehenes de un conflicto violento ya prácticamente desactivado.

Es evidente que para llegar a esa disolución de ETA tantas veces reclamada sería indudablemente eficaz la modificación de la política penitenciaria. Bastaría con adecuarla a los principios de legalidad, al contenido constitucional para la reinserción social de los reclusos. Pero no. El Gobierno español no tiene ninguna intención de humanizar la situación de los cientos de prisioneros encarcelados por supuesta vinculación con ETA, aunque sabe que esa flexibilización de la política penitenciaria aceleraría su tan reclamada disolución.

Cualquier profesional de la conducta humana -psicólogos, sociólogos o neurólogos- sabe que una reclusión prolongada en el tiempo conlleva secuelas graves de comportamiento, de adaptación, de desorientación para un eventual regreso a la vida en libertad. A los responsables máximos de la política penitenciaria española todo esto les tiene sin cuidado porque parecen guiarse por inhumanos principios de venganza, una venganza extendida también a los familiares y allegados de los presos como escarmiento en cabeza ajena.

Por si fuera poco el ensañamiento de la dispersión y la denegación de libertad a presos enfermos graves e incurables, cuando era aún más descarnado el todo vale, vino la vuelta de tuerca de la doctrina Parot, que no era otra cosa que la cadena perpetua encubierta aplicada de la manera más zafia a presos que ya llevaban dos decenios largos entre rejas. Y cuando el Tribunal de Estrasburgo falla por unanimidad contra el disparate jurídico de las penas retroactivas que se impusieron a la presa de ETA Inés del Río en base al desafuero de semejante doctrina, el Gobierno español vuelve a apelar a la zafiedad: en una advertencia de trilero, el ministro del Interior anuncia el recurso a la ingeniería jurídica para eludir el fallo europeo.

Pero no queda ahí el despropósito. Hace un año, el mismo ministro del Interior, Fernández Díaz, anunció que iba a reiniciarse la vía de reinserción abierta por el anterior Gobierno socialista conocida por la vía Nanclares, a la que ya estaban vinculados presos de ETA, algunos de ellos con condenas muy elevadas por su condición de dirigentes o activistas extremadamente violentos en el pasado. Esos presos ya han cumplimentado de sobra los requisitos exigidos de desvinculación con ETA, reconocimiento del daño causado y resarcimiento a las víctimas. Más aún, han hecho públicas declaraciones de rechazo a la lucha armada, todo lo cual les supuso a ellos y a sus familias la marginación y el menosprecio del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Pues bien, cuando varios de estos históricos dirigentes de ETA recluidos hoy en la prisión alavesa de Zaballa han solicitado el paso al tercer grado penitenciario (que no es un privilegio, sino un derecho), les ha sido denegado a pesar de que contaban con el visto bueno de la Junta de Tratamiento de la prisión. Al enemigo, ni agua.

Este incomprensible portazo a cualquier vía de distensión es inquietante, teniendo en cuenta que el grupo de Zaballa ha dado muestras más que sobradas de rechazo a su propio pasado violento y al daño causado. Ello supone que está muy lejos cualquier paso, por mínimo que sea, que satisfaga la reivindicación "Euskal presoak Euskal Herrira" tan insistentemente demandada por la mayoría de la sociedad vasca. Una reivindicación, además, con la que ETA vincula y condiciona su disolución.

Ni siquiera la aceptación estrictamente individual de los centenares de presos del EPPK de las condiciones ya firmadas por los de la vía Nanclares, que llegará como efecto del Pacto Social de Lokarri, bastará para satisfacer las ansias de venganza del Gobierno español cautivo del monstruo que él mismo creó, y que hoy se escuda en colectivos de víctimas y en la extrema derecha mediática.