VITORIA. La vida del inmigrante indocumentado en Estados Unidos es una vida que se camina descalzo y sobre un camino lleno de clavos". Así describe Jorge Mario Cabrera, activista por los derechos de los inmigrantes de Los Ángeles, la situación de más de 11 millones de personas que el presidente estadounidense, Barack Obama, quiere sacar ahora de la sombra. Muchos llevan en el país en situación irregular desde hace diez o veinte años. Otros son jóvenes estudiantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La mayoría de ellos trabaja en el campo, la construcción, en el sector servicios, en el ámbito doméstico; en la mayoría de los estados pueden sacarse el permiso de conducir, pero no existen ante las autoridades. El centro Pew Hispanic estima que, cada año, 65.000 inmigrantes indocumentados se gradúan en la enseñanza secundaria. Sin embargo, a muchos se les niega el ingreso en la universidad debido a su situación, mientras que otros ven truncados sus sueños al no cumplir los requisitos para recibir ayudas federales o estatales.

"La persecución de los inmigrantes en las calles no es tan drástica como en los años 70, pero sí hay una percepción constante por parte del departamento de Inmigración y de la sociedad en general, que ven a los inmigrantes como sospechosos de haber quebrado alguna ley", explica Cabrera, quien llegó hace veinte años de El Salvador huyendo de la guerra civil y hace cinco consiguió la nacionalidad estadounidense. "El 78% de los inmigrantes indocumentados está proveyendo algún tipo de servicio, el 90% de los inmigrantes en general trabaja, y casi el 100% de los hombres inmigrantes trabaja. Podemos ver a algunos en bancos, universidades, como policías o bomberos, pero la gran mayoría todavía tiene un trabajo en el que se paga poco y tiene prestaciones mínimas", detalla Cabrera.

Modesto Castillo recuerda desde su localidad natal de Villaprogreso, en el estado mexicano de Querétaro, la angustia de la clandestinidad. "Estuve dos años de inmigrante indocumentado, no aguanté más. Lo que más me asfixiaba era no poder salir de allí, no poder venir a México a visitar a mi familia", cuenta. Modesto ingresó en EE.UU. en los años 90 por el desierto, un periplo de ocho días que nunca más quiso repetir. "En el camino nos encontramos hasta un muerto de bala".

A pesar de su mala experiencia, sus hijos quisieron probar suerte y llevan en el norte -como llaman en México al país vecino- casi veinte años como indocumentados. En Villaprogreso, a tres horas del DF, al menos un miembro de cada casa ha cruzado alguna vez la frontera. Los hermanos Norma y Edgar lo han hecho al menos en tres ocasiones cada uno: por el desierto de Sonora-Arizona, por canales de drenaje, por el Río Bravo... Edgar compaginaba su trabajo en la construcción con otro empleo fregando platos en un restaurante de California. "Dormía solo cuatro horas", recuerda.

La mayoría de los inmigrantes que reside de forma legal en el país son mexicanos -el 63% de un total de 50 millones-; también son el grupo más numeroso entre los 11 millones de indocumentados. El flujo migratorio desde países latinoamericanos a Estados Unidos se ha reducido en los últimos años por dos factores: la crisis económica en la primera potencia mundial y el crecimiento económico que están desarrollando sus vecinos del sur. Sin embargo, desde México, decenas de centroamericanos y mexicanos siguen arriesgando sus vidas para cruzar la famosa frontera de 3.326 km, empujados por la miseria y el abandono institucional.

Los republicanos La movilización actual de demócratas y republicanos por una reforma migratoria no es coincidencia. Los latinos, la minoría más numerosa del país, fueron clave en la reelección de Obama. El 71% de estos electores (12,3 millones de personas) votó por el presidente demócrata y solo el 27% lo hizo por su rival republicano, Mitt Romney. En los últimos años, el partido conservador ha tachado cualquier vía a la legalización de 11 millones de indocumentados en el país como una "amnistía" y proponía imposibles como su "autodeportación". Ahora, cuatro de sus senadores forman parte del equipo bipartidista que ha presentado una propuesta de reforma migratoria. "El Partido Republicano está perdiendo el apoyo de nuestros ciudadanos hispanos", reconocía esta semana John McCain, uno de los senadores que presentó el plan bipartidista.

Junto a él estaba Marco Rubio, uno de los políticos nacientes del partido, que suena con fuerza par las elecciones de 2016. Rubio es de origen cubano y hasta hace poco era una de las figuras más destacadas del Tea Party, el ala conservadora del partido que aún se sigue oponiendo a la legalización de los 11 millones de indocumentados. Los latinos, además de ser la minoría más numerosa del país, es la que más rápido está creciendo -entre 2000 y 2010 lo hizo cuatro veces más que la mayoría blanca-. El hecho de que buena parte de esa población sea joven da a entender, asimismo, que el peso del voto latino no hará más que crecer en los próximos ciclos electorales.

Los demócratas Un día después que lo senadores, el presidente Obama presentó su propio plan. Ambos reconocen la urgencia de reformar un sistema de inmigración "roto" y abren la vía a la legalización de los millones de indocumentados que residen en el país, pero tienen importantes diferencias. La principal, que el borrador bipartidista supedita esta cuestión a que primero se verifique que existe una mayor seguridad fronteriza. Obama considera que ambas cuestiones no deberían relacionarse y recuerda que, durante su mandato, esta ha sido una de sus políticas durante su primer mandato. Además, el presidente quiere acortar el tiempo de espera de los indocumentados hasta lograr la residencia -Obama quiere que los inmigrantes no esperan más de cinco u ocho años, mientras que en la propuesta de los senadores, la obtención de la residencia permanente podría tardar entre 15 y 25 años-, e incluye a las parejas homosexuales en el apartado de la reunificación familiar -lo que ya le ha valido críticas dentro del ala más conservadora de ambos partidos-.

Defensores de derechos humanos, sindicatos y líderes latinos han saludado el paso dado por ambos partidos, tras años de exigir en las calles una reforma migratoria. "Esta ha sido una semana histórica", se felicita Jorge Mario Cabrera. "La comunidad latina ha puesto ahí a los legisladores para hacer su trabajo, es hora de que arreglen el sistema", apunta, por su parte, Gustavo Andrade, de la organización Casa Maryland.

Este es un primer paso en un camino que se espera complicado, aunque Obama se ha mostrado convencido de que este año habrá reforma migratoria. El mandatario ha advertido que el camino hacia la ciudadanía "no será rápido, pero si justo". Y es que los inmigrantes indocumentados que quieran regularizar su situación tendrán que pasar una revisión de antecedentes, pagar los impuestos atrasados y una multa, aprender inglés y ponerse a la cola de los que entraron al país legalmente. "Vamos a discutir los requisitos porque el camino a la ciudadanía tiene que reconocer que estas personas ya son parte de la comunidad.

La mayoría ya pagan impuestos. La gente quiere aprender inglés, quiere participar, quiere votar, quiere ser parte de esta sociedad y el camino a la ciudadanía debe reconocerle y no poner demasiadas barreras", apunta otro activista por los derechos de los inmigrantes, Daniel Coates. Además, los líderes latinos piden una moratoria de las deportaciones, que han batido récords durante el primer mandato de Obama. "Tristemente, el presidente dio a entender que él está obligado a aplicar la ley, pero nosotros vamos a insistir en que haya una moratoria en las deportaciones", señala Cabrera. En el año fiscal 2012 (del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012) fueron deportadas 409.849 personas. Según las autoridades, 225.390 inmigrantes fueron declarados culpables de delitos graves. Los activistas estiman que un alto número de deportados podría haber legalizado su situación con la reforma migratoria.

Interés Los electores latinos -un 10% del total- castigaron a los republicanos en noviembre y premiaron a Obama. La razón es que, pese a que el mandatario no llevó a cabo su promesa electoral de reformar el sistema migratorio en su primer mandato y ha aplicado a rajatabla la política de deportaciones, siempre se ha manifestado a favor de abrir el camino a la legalización de los indocumentados. Asimismo, semanas antes de la cita electoral, el presidente estadounidense anunció una moratoria en las deportaciones de jóvenes que hubieran llegado al país cuando eran menores de edad, una medida que ha beneficiado a 800.000 personas. La reforma migratoria vuelve ahora al centro del debate en Washington, y ambos partidos están interesados en sacarla adelante.