madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera de su margen de aplicación por no ser una "administración pública". Así lo señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien destacó que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
Según recoge también este anteproyecto de ley, el Ministerio de Hacienda podrá sancionar a los altos cargos de cualquier administración pública que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el caso de que los incumplidores sean miembros del Gobierno, el Consejo de Ministros será el encargado de imponer la sanción. Así lo explicó Sáenz de Santamaría, quien subrayó que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a la pérdida de la condición de alto cargo. "La inhabilitación, como es una pena, lo hará un órgano jurisdiccional", aclaró.
La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.
Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.
