l covid-19 ha agravado aún más la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas o que demandan asilo y desplazadas. Aunque la pandemia ha hecho descender el número de peticiones tanto en el Estado español como en Euskadi durante 2020, más de 118.000 personas solicitaron protección al Ministerio del Interior, 3.085 de ellas en la CAV. Es, por ello, singularmente preocupante que el Estado haya rechazado prácticamente la totalidad (en concreto, el 95%) de estas peticiones de asilo, lo que conlleva que los solicitantes tengan solo 15 días para abandonar el país, con lo que tienen dos alternativas dramáticas: o volver a sus lugares de origen donde están perseguidos -de ahí que estén pidiendo protección- o quedarse en situación irregular. En global, el número de refugiados y desplazados en el mundo continúa creciendo de manera ininterrumpida, incluso a pesar de la pandemia, ya que según el informe de la agencia de Naciones Unidas ACNUR, el año pasado se alcanzó un nuevo récord de 82,4 millones de seres humanos en esta situación. Quienes solicitan asilo y refugio se ven obligados a huir de sus países debido a que sufren persecución, discriminación de algún tipo -racial, sexual...- u otras clases de violencia, incluidas la amenaza de prisión por sus ideas o de muerte. El creciente aumento de las desigualdades, la pobreza, el racismo, la xenofobia y las exclusiones está agravando la situación de millones de personas en todo el mundo, cuya única salida es escapar en busca de un mínimo de seguridad. El problema es cuando no la encuentran, como ocurre con ese 95% de peticiones que rechaza el Estado español. Además, las dificultades para la salida y el tránsito de estas personas provoca, como se está comprobando día a día en el Mediterráneo o en Canarias, situaciones de gravísimo riesgo que están costando la vida a miles de migrantes. De ahí la necesidad, como se subrayó ayer en Bilbao tanto en el acto organizado por el Gobierno vasco en el que anunció la prórroga del programa Patrocinio Comunitario por dos años más, como por parte de las ONG, de abrir rutas seguras, legales y con garantías. Estos corredores seguros, la protección internacional mediante el reconocimiento del refugio o asilo y el acogimiento social son la base para un tratamiento digno y acorde a los valores y los derechos humanos a las personas obligadas a abandonar su hogar.
