a intención del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) de actualizar las restricciones para enfrentar el evidente incremento de la transmisión del SARS-CoV-2 -con más de mil contagios y ochenta hospitalizaciones al día- y lo que se considera ya tercera ola de covid-19 queda constreñida a los cierres perimetrales de todos los municipios y la reducción de los grupos a cuatro personas desde el lunes. Es el margen que permitía la negativa del Ministerio de Sanidad al planteamiento del Gobierno Vasco -y de una mayoría de CCAA- en el Consejo Interterritorial del jueves de modificar el decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declaraba por segunda vez el estado de alarma, con el fin de adelantar el toque de queda. Si hace tres meses, el Gobierno Sánchez sí consideró necesaria la aprobación del nuevo decreto cuando la incidencia acumulada en 14 días se situaba, a 22 de octubre de 2020, en los 349 casos por 100.000 habitantes, “muy por encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades”, como dice el propio texto de la norma; en esta ocasión, el ministro Illa no ha considerado necesario modificar el decreto y adecuar las restricciones horarias a la movilidad, que todas las evidencias científicas permiten calificar de clave en la contención del coronavirus, pese a que este jueves esa misma incidencia acumulada e 14 días era de 794 casos por 100.000 habitantes, más de tres veces lo que los mismos criterios del Centro Europeo de Prevención y Control de enfermedades califican de “riesgo extremo”. Y ello limita, pese al empleo extensivo del término “cogobernanza” por el Gobierno Sánchez, la capacidad de Euskadi para adoptar medidas que, en consonancia con la variable situación de la pandemia, cree en cada momento convenientes para la protección de su salud pública. En todo caso, que las restricciones se vean restringidas por decisiones ajenas y afectadas por intereses no estrictamente sanitarios no podía eximir al Gobierno Vasco de la responsabilidad de extenderlas hasta donde sea legalmente posible cuando, como ahora que el porcentaje de positivos vuelve a rozar el 9% de las pruebas diagnósticas, lo considera imprescindible y, al tiempo, proponer a la sociedad la exigencia de que sea la propia actitud individual la que las amplíe en la práctica diaria.
