La utilización y la manipulación política y electoralista de las víctimas de la violencia y del propio terrorismo de ETA ha sido una constante en las últimas décadas, tanto en Euskadi como en el Estado. De hecho, los partidos han llamado de manera sistemática a la no utilización del terror y de las víctimas como argumento para hacer política. Incluso los diferentes pactos antiterroristas han incluido cláusulas alusivas a este aspecto. Así, por ejemplo, el denominado Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo firmado en exclusiva por el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000, en los tiempos duros de ETA y de la ofensiva política contra el nacionalismo vasco en general, establecía en su primer punto lo siguiente: “Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”. Aunque es cierto que ninguna de estas formaciones cumplió este aspecto del pacto, la imagen que pretendían traslucir era que nadie debía beneficiarse políticamente de la barbarie de ETA. Hoy, más de ocho años después del anuncio del fin definitivo de la violencia de ETA y cuando se van a cumplir dos años de su desarme, el PP quiere seguir utilizando políticamente a las víctimas, como se ha demostrado en los últimos días. El homenaje a Gregorio Ordóñez en el 25 aniversario de su asesinato ha sido un ejemplo evidente, con el líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente José María Aznar utilizando un acto de reconocimiento a una víctima para realizar acusaciones tanto contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, como contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Es intolerable que, como denunció ayer Urkullu en su carta de respuesta La vida posible, se tergiverse la verdad por parte de aquellos que precisamente hicieron o pretendieron hacer incluso mucho más allá de aquello que ahora censuran. La convivencia sana y democrática precisa en primer lugar, como subraya el lehendakari, de la asunción de la autocrítica por parte de todos, de la deslegitimación del terrorismo en todos sus aspectos y del cumplimiento de la legislación vigente, también en materia de víctimas y de presos. Pero, además, no debe seguir utilizándose -como hacen las derechas en general- a las víctimas y al terrorismo como arma de confrontación política o electoral.