a sentencia del Tribunal Constitucional francés sobre la ley relativa a la protección patrimonial de las lenguas regionales y a su promoción, conocida como ley Molac, censurando dos artículos relevantes por considerarlos anticonstitucionales, ha generado una viva reacción política y una gran preocupación ciudadana en los territorios en los cuales se practican estas lenguas, entre los cuales se halla Iparralde. En efecto, aludiendo al artículo 2 de la Constitución gala, que estipula que la lengua de la República es el francés, y haciendo una lectura restrictiva del mismo, pone en cuestión, entre otros aspectos, el modelo de inmersión lingüística en las lenguas minoritarias, lo que supone cuestionar el modelo pedagógico vigente desde hace medio siglo en el Hexágono.

Inscribiéndose en la continuidad del artículo 75-1 de la Constitución gala que estipula que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés”, el diputado bretón Paul Molac presenta una proposición de ley ante la Asamblea Nacional que persigue el doble objetivo “de protección y de promoción del patrimonio inmaterial y de la diversidad cultural de las que las lenguas regionales constituyen una de las expresiones”, haciendo hincapié en los ámbitos del patrimonio, de la educación y de los servicios públicos. Tras un largo recorrido parlamentario y un intenso debate, la proposición de ley es aprobada por la cámara baja el 8 de abril de 2021, incorporando las enmiendas introducidas por los senadores que prevén, entre otros aspectos, el reconocimiento de la enseñanza bilingüe según el modelo de la inmersión lingüística y la instauración de un abono escolar obligatorio.

Las reacciones, tanto de los electos locales como de los actores lingüísticos de los territorios concernidos, se caracterizan por el entusiasmo que confina a cierta euforia, tal y como lo indican los calificativos utilizados: “jornada histórica”, “victoria importante”, etc. Es especialmente el caso en el País Vasco norte. No en vano, poco después, bajo el impulso del ministro de Educación, contrario a esta proposición de ley, 61 diputados de la mayoría parlamentaria presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional francés por considerar que el artículo 6 de la ley Molac vulnera la Constitución gala. En su decisión n°2021-818, ese Tribunal, apoyándose en la Constitución, la ordenanza n°58-1067 del 7 de noviembre de 1958 relativa a la ley orgánica sobre el Tribunal Constitucional y el código de la educación, y tras escuchar al ponente, dicta la sentencia según la cual ratifica el artículo 6 pero censura los artículos 4 y 9, el primero relativo al método de la inmersión lingüística y el segundo que prevé el uso de signos diacríticos de las lenguas minoritarias en los actos del estado civil.

La decisión del Tribunal Constitucional genera unas reacciones virulentas en todo el Hexágono y la indignación provocada por esta sentencia, tanto en la clase política como en los actores lingüísticos, se convierte en un llamamiento unánime a movilizarse el 29 de mayo. 50 manifestaciones tienen lugar en varios territorios, especialmente en el País Vasco norte y en Bretaña. 10.000 personas se movilizan en Guingamp y otros tantos se reúnen en Baiona, mientras que las concentraciones que tienen lugar en Alsacia, Occitania y Córcega son de menor magnitud.

Frente a la desaprobación suscitada por dicha sentencia, el 25 de mayo, ante el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el primer ministro galo, Jean Castex, solicita dos diputados para que redacten un informe en el cual se valorarán las consecuencias de la sentencia de dicho Tribunal sobre las lenguas minoritarias en general y sobre el modelo de la inmersión lingüística en particular. Sobre la base de ese informe, “recibirá, posteriormente, con el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, el conjunto de los representantes de los centros educativos en lengua regional”. Al día siguiente, con la intención de apagar el incendio en vísperas de elecciones departamentales y regionales que tienen lugar los 20 y 27 de junio, el presidente Emmanuel Macron interviene públicamente ante la preocupación suscitada entre numerosos ciudadanos y sus representantes políticos pertenecientes a través de un mensaje publicado en su página Facebook.

Más allá de estas declaraciones e iniciativas, que aspiran a calmar las aguas y que se producen en un contexto preelectoral, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley Molac y, especialmente, sobre el modelo de inmersión lingüística en lengua minoritaria, suscita serias interrogaciones al generar una inseguridad jurídica. De hecho, al considerar que la inmersión lingüística es contraria a la Constitución, los centros educativos que la practican carecen de seguridad jurídica y una espada de Damocles pesa sobre sus cabezas. Concretamente, los temores de los actores educativos y lingüísticos se plantean a diferentes niveles.

Por una parte, ¿qué acontecerá, por ejemplo, con los 39 centros escolares del País Vasco norte, 20 en la escuela pública y 19 en la escuela privada confesional, que utilizan la inmersión lingüística en euskera a título experimental? ¿Se interrumpirán estas experimentaciones? Asimismo, ¿qué pasará con los centros educativos que ya han solicitado la implementación de la inmersión lingüística a partir de septiembre de 2021? Es el caso de los centros de Larrau, Idaux-Mendy, Ayherre y Saint-Martin d’Arrosa. A pesar de que exista una demanda de los padres y que tanto la comunidad educativa como las administraciones locales han mostrado su conformidad, el ministerio de Educación puede rechazarla en nombre de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, ¿cuál es el futuro de las escuelas asociativas que usan la inmersión lingüística en lengua propia desde sus inicios? ¿Los contratos de asociación que los unen al ministerio de Educación serán revisados o deberán modificar su modelo de enseñanza si quieren que sus docentes sigan siendo remunerados por el ministerio? Los presidentes de Seaska y Diwan ya han manifestado públicamente que mantendrán la inmersión lingüística que constituye su razón de ser y que están dispuestos a movilizarse para preservar su modelo educativo. Simultáneamente, reconocen la inseguridad jurídica en la cual se encuentran y la incertidumbre que pesa sobre su futuro.

Por último, ¿cuál será la actitud del ministerio de Educación, especialmente después del ciclo electoral marcado por las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, ante las solicitudes de las escuelas que practican el modelo de inmersión lingüística en cuanto a la creación de nuevas escuelas y de nuevas plazas de profesores? El ministerio puede aludir a la sentencia del Tribunal Constitucional para denegar estas demandas. Por esta vía, no se trataría tanto de prohibir las escuelas que practican la inmersión lingüística en lenguas minoritarias, sino de condicionar su desarrollo futuro, especialmente en Iparralde.

Profesor de Sociología. Universidad del País Vasco