La decisión de las diputaciones forales y del Gobierno Vasco, reunidos ayer junto a la representación de Eudel en el Consejo Vasco de Finanzas, de no abordar en el corto plazo una reforma fiscal que incluya una revisión del Impuesto de Sociedades parece asentada en una prudencia siempre aconsejable antes de alterar la fiscalidad, pero asimismo en la necesidad de despejar las dudas sobre los resultados de dicha reforma que se desprenden de otras emprendidas en el Estado. No se trata de que una mejora del modelo de fiscalidad no pueda ser debatida sino, todo lo contrario, de que ese debate se realice con todas las consecuencias para que el resultado no afecte al equilibrio entre impuestos y, sobre todo, para evitar que un exceso de reformas -la última se emprendió hace solo tres años- afecte a la estabilidad que precisa la economía, quizá más que nunca ahora que las empresas empiezan a remontar un periodo de crisis. En ese sentido, el argumento del descenso de la recaudación como base de la reforma parece no estar demasiado ajustado. Es cierto que el pasado año se ingresaron 74,3 millones menos de lo previsto en los últimos cálculos anuales adelantados en octubre, pero también lo es que la recaudación ascendió en 2016 a algo más de 12.950 millones, cuando en 2013 fue de 11.752 millones y que, aunque las previsiones parecen estar para ser corregidas, en el presente ejercicio 2017 sitúan la recaudación en el entorno de los 13.500 millones, cerca ya del máximo histórico de 13.772 millones de antes de la crisis (2007), sin necesidad de abordar la reforma. Por otro lado, justificar ésta en la necesidad de revertir la caída de ingresos por el Impuesto de Sociedades no tiene en cuenta que aunque la recaudación en el Estado creció con un tipo más bajo mientras en Euskadi decaía, los principales países de la UE tienen tipos por encima del 30% -Alemania (más del 38%), Francia (33%), Italia (33%) o Bélgica (casi el 34%)- ni que si la recaudación del impuesto de sociedades en la UE-15 supone en torno al 3,2% del PIB, en Euskadi se halla ya en el 2,8%, con lo que la repercusión de una alteración de los tipos en los resultados de la recaudación podría considerarse muy limitada en contraste con sus efectos sobre la economía de las empresas. No se trata, por tanto, de rechazar la reforma, pero tampoco de impulsarla sin haber analizado convenientemente sus efectos en la armonización y la estabilidad del sistema impositivo.