la decisión de rechazar el trámite parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama endurecer las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) constituye el freno a una maniobra preelectoral orquestada desde hace meses por el PP del País Vasco y dirigida a conformar un discurso en torno a la estigmatización de los inmigrantes magrebíes que enarboló Javier Maroto, hoy el único referente político de los populares vascos. Con el barniz de una ILP y una campaña mediática, el exalcalde vitoriano y su partido articularon una estrategia que le permitió ser la opción más votada en la capital alavesa, pero le condenó al ostracismo político con el resto de fuerzas del país y terminó fraguando una alternativa para descabalgarle del poder. Es legítimo cuestionarse la eficiencia y las condiciones de concesión de las ayudas sociales si esto permite reducir a su mínima expresión el fraude. Es incluso oportuno poner con cierta recurrencia sobre la mesa el sistema de soporte vital que constituyen las ayudas públicas vascas, pero hacerlo sin obviar la función que realizan, ponderada en su papel de cohesión social y sostenibilidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad vasca, con independencia de su origen. De hecho, se está perdiendo la batalla de la pedagogía y ha calado en un sector del país la percepción pretendida por las reiteradas críticas al sistema de la RGI, que distorsiona la realidad de sus números, así como el perfil mayoritario de sus beneficiarios y la dimensión de sus contados casos de fraude. Se ha asentado la sospecha sobre un sistema social en el que la derecha europea no cree y en la que sustenta ahora el PP las expectativas electorales que la crisis no le aporta. La última evidencia de esta estrategia la constituye la designación de Xavier García Albiol, el exalcalde de Badalona, como cabeza de lista del PP a las elecciones catalanas. Su discurso bebe de la criminalización de los colectivos inmigrantes y las fuentes mismas de la extrema derecha xenófoba europea. Por eso, la mayoría parlamentaria que constituyen PNV, Bildu y PSE va a poner freno al trámite de la ILP presentada por la plataforma Ayudas+Justas y auspiciada por el PP. Pero no es suficiente. Es preciso una eficacia máxima en su gestión y un compromiso con la difusión de su función real.
