Las todavía recientes declaraciones del diputado general de Araba y candidato a la reelección Javier De Andrés respecto a la exigencia del euskera en la administración vasca; las opiniones reflejadas ayer en su blog por el delegado del Gobierno español en Euskadi Carlos Urquijo considerando las políticas lingüísticas que protegen al euskera una “imposición” que causa “falta de libertad”; los cientos de recursos presentados por la misma Delegación del Gobierno español contra la utilización del euskera en las instituciones públicas vascas; la sobreexposición mediática a que ha sido sometido el entrenador de la S.D. Eibar Gaizka Garitano por abandonar una rueda de prensa celebrada en Almería ante las protestas recibidas por responder en euskera a una pregunta formulada en nuestra misma lengua... Todos estos últimos episodios -como otros precedentes similares que han tenido lugar en los últimos años- no son sino reflejo de la resistencia, cuando no oposición, que destila el Estado español frente a las otras culturas y lenguas que, dentro del propio Estado, se hallan constreñidas por la hegemonía del castellano. Pero esa resistencia, que contraviene la defensa de la diversidad que exige la globalización en este siglo XXI y posee raíces históricas en el imperialismo cultural desplegado durante siglos por el reino de España, no es simplemente consecuencia de una aberración cultural en absoluto exenta de ignorancia. También lo es de una idea política que, carente de mayor principio ideológico, pretende construir un denominador común de lo español por simple contraposición a cualquier expresión de diferencia, ya sea esta deportiva o política, sociocultural o idiomática. Efectivamente, esos episodios relatados -y todos los numerosos precedentes- son a un tiempo factor y producto de las reiteradas actitudes y pronunciamientos de desprecio al resto de lenguas y culturas que se han esparcido hacia la sociedad desde las instituciones del Estado y que tienen reflejo en innumerables planos, desde la intervención uniformadora en la enseñanza a la prohibición de la utilización de lenguas cooficiales como el euskera o el catalán en las cortes españolas. Con el agravante de que esa ignorancia y ese desprecio conllevan al unísono el desprecio a la legalidad estatal y los convenios y recomendaciones internacionales.
