El sorpresivo anuncio realizado el pasado miércoles por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que la Y ferroviaria vasca estará en funcionamiento en el año 2019 ha sido acogido en Euskadi con la lógica prudencia no exenta de la esperanza de que, efectivamente, dicha previsión se cumpla y los ciudadanos vascos, españoles y europeos podamos disfrutar en ese plazo de una infraestructura estratégica. Sin embargo, el nuevo cálculo de la ministra ha generado también incredulidad. En primer lugar, porque tras años de retrasos, incumplimientos, respuestas vagas e inconcretas y hasta desplantes hacia las instituciones vascas, el nuevo planteamiento del Gobierno español supone un giro de 180 grados sobre cuestiones clave en la planificación del Tren de Alta Velocidad por parte de Madrid. Hace escasos meses, la propia ministra volvía a responder con evasivas a los continuos emplazamientos realizados tanto desde el Ejecutivo vasco como por el Grupo Nacionalista en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha ocurrido para que en un plazo tan breve de tiempo lo que era imposible ahora sea no solo factible sino necesario? Pastor explica que los problemas que mantenía con el Ministerio de Hacienda con respecto a la financiación de la infraestructura han desaparecido. Es posible que así sea, pero no cabe duda de que, como se ha reiterado hasta la saciedad, lo importante en este asunto era la voluntad política de acometer la realización de esta obra. En este sentido, es dudoso que los ajustadísimos plazos que ahora se plantean -debido, hay que insistir, en que no se han acometido anteriormente con la debida diligencia- puedan cumplirse sin una financiación que esté a la altura de lo que esta infraestructura precisa. La cercanía de este anuncio con unas elecciones que abren una cadena de citas con las urnas es tan evidente que difícilmente puede obviarse un tufo electoralista que, de no confirmarse con hechos inmediatos el compromiso real con la Y vasca, sería de una irresponsabilidad manifiesta. Por ello, es imprescindible que Fomento acometa, con financiación tangible, calendario preciso, plazos fijados e impulso político claro, las medidas necesarias para que en este periodo hasta 2019 la alta velocidad en Euskadi sea una realidad, primando siempre la seguridad y la sostenibilidad. Las instituciones y la sociedad vasca estarán vigilantes para que así suceda.
