la negociación colectiva es una herramienta potente. Genera conciencia de clase, engrasa y refuerza las organizaciones obreras, redistribuye la riqueza y permite mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. En el Estado español más del 80% de los trabajadores del sector privado están afectados por acuerdos colectivos de eficacia general. El 79% son convenios de empresa que incluyen al 11% de los asalariados. Los convenios provinciales afectan al 52%, los autonómicos al 9,3% y los estatales al 27%.

Sin embargo, bajo el capitalismo, ninguna conquista está garantizada. Cada empresario compite con otros, trata de producir más y más barato mediante el desarrollo de la tecnología y una organización del trabajo más eficaz, porque de ello dependen sus beneficios. Pero, como dice Marx, "eso no basta, y siempre llega un momento en que se esfuerzan por reducir el precio de sus mercancías mediante la depresión del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo".

Como un recién operado de cataratas podemos ver claro por qué el Gobierno y la patronal amplifican el miedo que provocan la precariedad y el desempleo masivo para dividir a los trabajadores potenciando la negociación empresa por empresa.

Los dirigentes de UGT y CCOO, prisioneros del acuerdo que retrasa la edad de jubilación y abarata las pensiones, tal y como exigía la derecha europea de Merkel y Sarkozy, se ven ahora sin margen de maniobra ante la amenaza del Gobierno de legislar nuevamente por decreto, tal y como hicieron con la reforma laboral. Una reforma aprobada en 2010 que ha empeorado la negociación colectiva facilitando los traslados colectivos, allanando la modificación de las condiciones de trabajo y favoreciendo el descuelgue salarial generalizado.

Antes de la ley, un convenio provincial, autonómico o estatal era vinculante y para que una empresa se descolgase debía establecerlo el convenio, conocerlo la Comisión Paritaria y ser ciertas y justificadas las razones. Ahora, la norma dice que si hay acuerdo en la empresa "se entenderá que concurren las causas justificativas", es decir, que no hacen falta razones y se excluye el control judicial. La consecuencia es que en la empresa se pueden fijar salarios, jornada y condiciones de trabajo que anulen lo establecido en convenios de ámbito superior, y allí donde no haya delegados sindicales se puede elegir directamente una representación específica sin ningún control. Se abren así las puertas del infierno porque cuatro de cada cinco empresas tienen menos de diez trabajadores y ninguna representación y porque la ley habilita al empresario para suspender pactos de empresa que no cumplan los requisitos propios de un convenio colectivo.

Y aun asi no es suficiente. El Gobierno reclama que los convenios respondan a las necesidades de las empresas y a políticas que se deciden en los centros de poder económico y financiero y varias son las exigencias concretas: romper la relación de los salarios con la inflación e introducir la productividad como nuevo factor de rebaja salarial, en lugar de exigir a las empresas innovación e inversión; eliminar o neutralizar la prórroga de los convenios cuando finaliza su vigencia; modificar la estructura de la negociación colectiva, rompiendo el principio de que "un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto"; y aumentar la flexibilidad interna en las empresas, ordenando el tiempo de trabajo como interese al empresario y manejando las categorías profesionales.

Hace falta un golpe de timón. El movimiento sindical nació para combatir al capitalismo y luchar por una sociedad socialista en la que los recursos económicos se planificasen en beneficio de la mayoría social.

José Arturo Val del Olmo