hace unas semanas asistimos a la crisis de liquidez irlandesa, cantada desde hacia ya mucho tiempo y de la cual la isla no saldrá hasta un largo periodo de tiempo. Obviamente, esto no solo tuvo repercusiones en Irlanda y en los bancos británicos que poseen la práctica totalidad de su deuda, sino también en las bolsas europeas y en las primas de riesgo de los países fuertemente endeudados.
Así, el bono español alcanzó un diferencial con el alemán de 253 puntos, superando a Italia y colocando a nuestra deuda soberana como la quinta más difícil de colocar de toda Europa. Ante lo cual, el Gobierno de Zapatero decidió actuar aplicando el recetario del PP eliminando derechos sociales, privatizando empresas públicas y rebajando el impuesto de sociedades.
Lo más rechazable es la eliminación del cheque de los 426 euros a los parados de larga duración, a pesar del aplauso casi unánime de la derecha más reaccionaria. Convendría decir que las personas receptoras recibían este cheque durante un periodo de 6 meses, en los que recibían formación para su vuelta al mercado laboral.
Puede que el Estado ahorre 1.392 millones con su eliminación, pero será a cambio de un elevado coste social, ya que dejara a 688.000 personas en la estacada, aumentado el número de ciudadanos y ciudadanas que carecen de ingresos.
Otro factor a considerar es el de las privatizaciones de las Loterías y Apuestas y de Aena, con las que el Gobierno pretende ingresar 14.000 millones. Privatizar empresas que arrojan pérdidas tiene su lógica, pero no las que dan beneficios, como es el caso de las Loterías, que en un año especialmente malo como 2009 obtuvieron 2.919 millones de beneficio. Con lo que la venta del 30% supondrá una merma de ingresos anuales de 800 millones, por mucho que se logre vender al precio previsto.
Para bien o para mal, la alternativa no es otra que la de echar para atrás los recortes fiscales emprendidos en época de Aznar y Zapatero, que según el FMI son responsables del 40% de nuestro déficit. Habría que intervenir sobre el IRPF, que en diez años ha pasado de tener un tipo máximo del 56% al 43%, con lo que aumentar la tributación a partir de 60.000 euros en dos puntos y poner un tipo máximo del 50% para la gente que gana más de 120.000 euros al año, aumentaría la recaudación en 2.500 millones.
También se podría crear un impuesto sobre la riqueza que sustituyera al desaparecido impuesto del patrimonio, que gravaría la tenencia de bienes e inmuebles por un valor superior a un millón de euros, el cual permitiría recaudar 2.250 millones.
Para finalizar, están los 6.100 millones que supondrían la eliminación de los paraísos fiscales, de lo cual se lleva discutiendo desde hace más de una década. El último acuerdo en este sentido fue aprobado por el G-20 en abril de 2009.
Guillermo Samanes Olleta
