- Seis meses después del golpe de Estado militar del 1 de febrero, Birmania vive una situación de caos social y político que ha dejado al país al borde de convertirse en un estado fallido, cuyo futuro resulta difícil de vislumbrar. Casi 1.000 civiles muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, una Administración y un sector privado casi paralizados por las huelgas, un brote de covid-19 fuera de control y una violencia latente de guerrillas y grupos prodemocráticos son el legado de la Junta Militar golpista
La líder birmana Aung San Suu Kyi sigue detenida, al igual que los otros miembros de su Gobierno democrático, desde la madrugada del golpe de Estado. La premio nobel de paz, cuyo partido, la Liga nacional para la Democracia, volvió a arrasar en las elecciones de noviembre de 2020, se enfrenta a un oscuro juicio acusada de los más variopintos delitos, desde importación ilegal de walkie talkies a violar secretos oficiales.
La venerada Suu Kyi, de 76 años y que podría ser condenada a una larga pena de cárcel, sigue en paradero desconocido y con acceso limitado a sus abogados desde su detención en la capital Naipyidó.
Los movimientos de protesta contra los militares, que empezaron con timidez y ganaron fuerza con el paso de las semanas, se encontraron con la brutal oposición de las fuerzas del orden, que dispararon a matar contra los manifestantes y han causado 939 muertes, además de arrestar a 6.990 personas, según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP).
La fuerte represión mantenida durante meses terminó por forzar a los manifestantes a cambiar su modus operandi, con protestas relámpago que se convocan con muy poca antelación y se disuelven antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran 98 periodistas, de los que se estima que casi la mitad continúan en prisión y se han emitido ordenes de captura contra otros 33, según la AAPP.
La aprobación de leyes que consideran delito noticias que perjudican los intereses de la junta y la revocación de licencias a medios críticos, la prensa independiente sobrevive en Internet, a menudo con periodistas que informan desde la clandestinidad.
En paralelo a las protestas, tomó fuerza un movimiento de desobediencia civil con la huelga de miles de trabajadores del sector público en todo el país, lo que ha generado problemas en el sector bancario, sanitario, educativo e industrial, entre otros.
Este movimiento ha llevado al sistema público al borde del colapso, a pesar de la represión de la junta.
El denominado como Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en sus siglas en inglés), formado el 16 de abril por exparlamentarios y líderes civiles cercanos a Aung San Suu Kyi en el exilio, se ha autoproclamado como el gobierno legítimo de Birmania.
Se trata de la principal estrategia política para hacer frente a los militares pero, a pesar de una intensa agenda de contactos internacionales, sus miembros no han conseguido de momento este Ejecutivo en la sombra sea reconocido como gobierno legítimo en el exterior.
A nivel interno, el NUG tampoco ha sabido aglutinar en su oposición a la Junta a las minorías étnicas, que representan a un 30 por ciento de las 55 millones de habitantes del país. Por su parte, la Junta Militar que gobierna desde el golpe liderada por el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, se enfrenta al rechazo de la inmensa mayoría de la población así como al de la comunidad internacional, con Rusia como su único claro aliado.
Si bien en un primer momento la resistencia a la junta militar fue pacífica, la implacable represión de las fuerzas de seguridad fue sembrando el desánimo en algunos opositores, que en los últimos meses han decidido empuñar las armas.
A menudo sin conocimientos militares, muchos de ellos han recibido instrucción con las guerrillas étnicas que desde hace décadas mantienen un conflicto con el Gobierno para reclamar más autonomía. Los conflictos armados con estas milicias de zonas fronterizas también se ha recrudecido y ha desplazado a decenas de miles de personas.
