Más de 18.500 inmigrantes que fueron detenidos en Los Ángeles por el Departamento del Alguacil del Condado (LASD, en inglés) recibirán una compensación económica por un total de 14 millones de dólares, según un acuerdo anunciado este jueves.
Para este beneficio podrán calificar inmigrantes que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) entre octubre de 2010 y junio de 2014, informó en un comunicado la Unión Americana por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal).
"Dejemos que este acuerdo sea una llamada de atención para todas las agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando personas ilegalmente por solicitudes de ICE sin orden judicial", dijo Jennie Pasquarella, abogada del caso, abogada sénior y directora de Derechos de Inmigrantes de ACLU SoCal.
El acuerdo surge luego de una demanda colectiva interpuesta por inmigrantes contra el condado de Los Ángeles que alega que fueron detenidos ilegalmente por el LASD -a veces durante meses- debido a solicitudes de "retención de ICE", también conocidas como retenciones de inmigración y carecen de una orden judicial que las soporte.
No obstante, si la persona "tenía un proceso de remoción pendiente o una orden de remoción al momento en que se emitió la orden de retención, no tiene derecho a recibir dinero en virtud del acuerdo", explica la información sobre el acuerdo.
Las personas afectadas por estas detenciones podrán recibir entre 250 y 25.000 dólares "para compensarlos por violaciones de derechos cometidas por el LASD", dependiendo del tiempo que estuvieron retenidas y otras circunstancias relacionadas.
"Actúan como si las protecciones básicas no se aplicaran a nosotros"
"Como inmigrantes, venimos de diferentes países y los cuerpos policiales actúan como si las protecciones básicas no se aplicaran a nosotros", reclamó Antonia C., quien estuvo detenida durante 70 días en el 2012, "luego de ser acusada injustamente de robo de auto".
A Antonia se le negó la libertad bajo fianza debido a que tenía una solicitud de detención de ICE, lo que repercutió gravemente en su familia.
"Estas acciones no solo afectan a las personas que fueron encarceladas, piensen en sus familias. Yo tenía solo 11 años cuando me separaron de mi mamá", declaró la hija de Antonia, que prefirió no dar su nombre.
"Este acuerdo responsabiliza al Departamento del Alguacil por miles de encarcelamientos ilegales y proporciona una medida de compensación a cada persona lesionada por sus políticas inconstitucionales", concluyó Lindsay Battles, abogada en el caso y socia de McLane, Bednarski & Litt.
