San Luis - Cientos de personas protestaron ayer en San Luis (Misuri) contra el inminente fin del acceso legal al aborto en ese estado de Estados Unidos, mientras los responsables de la única clínica que aún ofrece ese servicio en la región rogaban a un juez que interceda para que puedan conservar su licencia. Misuri es uno de los seis estados de EEUU donde las autoridades han regulado el aborto hasta tal punto que solo queda una clínica que los practica en todo su territorio, y todo apunta a que se convertirá en el primero del país sin acceso legal a ese servicio médico.

Es entonces cuando caduca la licencia de la clínica de la organización Planned Parenthood en San Luis, y las autoridades estatales se niegan a renovarla porque, según aseguran, el centro de salud no ha respondido adecuadamente a una investigación oficial sobre presuntas “prácticas deficientes”. Pero Misuri es también uno de la decena de estados de EEUU que han aprobado las llamadas “leyes del latido de corazón”, que prohíben el aborto en casi todos los casos, en una campaña diseñada para forzar al Tribunal Supremo a replantearse la decisión que en 1973 legalizó la interrupción del embarazo. La indignación por esa ley -que el gobernador republicano de Misuri, Mike Parson, firmó el pasado viernes y que entrará en vigor en agosto si los tribunales no lo impiden-, mezclada con el temor a perder el último bastión del aborto en el estado, motivó una protesta multitudinaria que acabó en una decena de arrestos.

“¡Mi cuerpo, mi decisión!”, coreaban cientos de manifestantes, en su gran mayoría mujeres, que recorrieron el centro de San Luis hasta un edificio donde Parson tiene una oficina, mientras unos quince activistas entraban en el vestíbulo y se sentaban en el suelo para exigir un encuentro con ese político. Casi dos horas después, la Policía local arrestó uno por uno a los activistas, que ya esperaban ese desenlace cuando organizaron su acto de desobediencia civil.

Mientras, la red de clínicas Planned Parenthood encaraba la primera audiencia judicial de la demanda que interpuso este martes contra el gobernador, y pedía al juez que emita una orden para obligar al estado a renovar su licencia al menos mientras se estudian los méritos del caso.

“Nuestra esperanza es que (el juez) tome una decisión antes de la medianoche del viernes al sábado”, cuando expira la licencia, dijo una portavoz de Planned Parenthood, Bonyen Lee-Gilmore. El gobernador de Misuri instó este miércoles al juez a no obligarles a mantener la licencia de la clínica, por considerar que hay “preocupaciones graves de salud” relacionadas con su trabajo, que no detalló. El núcleo de la disputa parece estar en la insistencia del estado en entrevistar a siete médicos de la clínica de San Luis, algo que algunos rechazan por el temor a quedar expuestos a cargos criminales en lo que consideran una ofensiva política de las autoridades locales contra su trabajo. “Hemos visto cómo, año tras año, el estado de Misuri ha cambiado las leyes, y no paran de cambiar los requisitos” para la clínica, denunció durante la marcha Kawanna Shannon, directora de los servicios quirúrgicos en la clínica de San Luis. “Ya nos han forzado a hacer exámenes pélvicos invasivos e innecesarios” por los que las pacientes tienen que pasar dos veces antes de someterse a un aborto.