Bilbao - El hallazgo de 28 cuerpos calcinados en varias fosas clandestinas en las faldas de un cerro de la ciudad de Iguala, a tres horas del Distrito Federal, ha vuelto a horrorizar a la sociedad mexicana, pendiente estos días de saber si se trata de parte de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace una semana en ese mismo lugar del empobrecido estado de Guerrero, castigado con fuerza por la infiltración del crimen organizado. Este caso ha vuelto a dejar al descubierto el horror de los violentos cárteles, que tienen controlados y atemorizados a pueblos enteros, y su connivencia con las autoridades locales.

Entre los pasados 26 y 27 de septiembre, Iguala vivió una noche trágica. Unos ochenta estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 123 km, tomaron ilegalmente tres autobuses privados para volver a sus casas después haber estado reuniendo fondos para sus actividades. No se trató de una acción violenta, pero sí habitual entre los estudiantes de esta escuela de magisterio de gran activismo de izquierdas, cuna de algunos líderes guerrilleros de los años 70 como Lucio Cabañas.

La normal rural de Ayotzinapa funciona casi como un internado y acoge a estudiantes de comunidades indígenas y rurales, cuya misión al graduarse es desempeñarse en las zonas de mayor marginalidad del Estado para garantizar la educación de los más desprotegidos por el sistema. Este tipo de escuelas, de las que hay más de un centenar en Guerrero, fueron creadas por el presidente Lázaro Cárdenas y funcionan de forma casi autónoma.

Según los testigos, los estudiantes, todos ellos de entre 18 y 23 años, fueron acosados e intimidados por sicarios en camionetas desde que entraron en Iguala y atacados cuando trataban de salir de la ciudad en los tres autobuses. Policías municipales de Iguala fueron los que dispararon a matar a los jóvenes en diferentes partes del trayecto, apoyados por comandos del grupo criminal Guerreros Unidos, con el resultado de seis muertos y 43 desaparecidos. Desde entonces, 22 policías y otras ocho personas, entre sicarios e informantes, han sido detenidas. Mientras, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad, a quienes se cree autores intelectuales del ataque, han huido. Según la versión de los sicarios detenidos, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al crimen organizado. El resto logró huir.

Los criminales han confesado que ejecutaron y quemaron a 17 estudiantes. Pero, y el resto, ¿dónde están? ¿Y quienes son las otras 11 personas halladas muertas en las fosas? Todo esto queda pendiente ahora de los análisis de ADN, que se conocerán en una semana. Mientras, la ciudad entera tiembla.