Tenía que pasar y pasó. A primera hora de la mañana, el fiscal general del Estado emitió una orden tajante a sus subordinados: debían aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y punto pelota. Como se imaginan, no en esos términos. Lo que hizo Álvaro García Ortiz en un largo y farragoso escrito fue conminar a los acusadores públicos del procés a ceñirse a la norma y no buscar excepciones. Traducido: que no cabe la imputación de malversación ni para Puigdemont ni para Oriol Junqueras ni para Marta Rovira.
De acuerdo con su criterio, si los tres mentados desviaron fondos públicos, no fue para sus bolsillos sino para la causa. Después de las últimas reformas, aunque a los comunes de los mortales se nos quede cara de pasmo, eso no es delito y, por tanto, se trata de un proceder amnistiable.
“Contraria a la ley”
El planteamiento será todo lo éticamente discutible que queramos, pero es lo que dispone la legislación vigente. Y entre los primeros que deberían cumplirla están los fiscales. Pero a buena parte hemos dado a parar.
A los cuatro directamente interpelados -Jaime Moreno, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza- les faltó tiempo para levantar el dedo corazón a su teórico superior en el organigrama.
En un contraescrito con bastante mala leche, los señalados contestaron que verdes las han segado. El cuarteto se mantiene en sus trece y, de propina, acusan a García Ortiz de haber emitido una orden “contraria a la ley”. El País titulaba amablemente que se trataba de “una discrepancia”. Con menos remilgos, las cabeceras de Grupo Noticias en sus ediciones digitales hablaron de “negativa a cumplir la orden”. Y, sinceramente, creo que nos quedamos cortos, porque el texto de los cuatro magníficos es directamente un acto de rebeldía.
En todo caso, y salvo mejor opinión jurídica que la de servidor, creo que los fiscales del 1-O y otros adheridos a la causa pintan más bien poco a la hora de la verdad. Las decisiones finales (hay que apuntarlo así, en plural) están en manos de los jueces de las diferentes instancias en las que hay causas abiertas con relación al procés. Y ahí sí que no cabe lugar para la esperanza de una justa aplicación de la ley.
