La extrema politización del debate sobre las lenguas minorizadas en el Estado español suele dificultar un diagnóstico realista de la situación de los derechos lingüísticos, al quedar sometidos los mismos a criterio, cuando no intencionalidad ideológica, en demasiadas ocasiones. Sucede especialmente en el caso del euskera y el catalán, estigmatizados como síntoma de especificidad sociocultural, pero no exclusivamente, a tenor del informe del Consejo de Europa que aflora situaciones graves de los derechos lingüísticos de las minorías en el Estado. Así, sus conclusiones apuntan a una desidia institucional –en el caso de lenguas locales en franco retroceso en Aragón, Asturias, Extremadura o Castilla y León– y a una desconfianza, cuando no abierta hostilidad, hacia el euskera y el catalán. La homogeneización sociocultural en torno al castellano es un ejercicio político que dificulta la convivencia en respeto de la diversidad cultural. En el caso del euskera, el Consejo constata que, tanto la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) como la Foral de Navarra, chocan con una dificultad objetiva para satisfacer los derechos lingüísticos de los euskaldunes en la atención de los servicios públicos, especialmente en la Justicia, Osakidetza y Ertzaintza. El Consejo cifra en un 11% del funcionariado estatal en la CAPV el capacitado para responder satisfactoriamente a esa demanda y del 1% en el caso navarro. En este último herrialde, constata que la zonificación lingüística es una traba para la protección de la lengua. En este marco, cobran especial significación las actuaciones judiciales de los Tribunales Superiores de ambas comunidades, que a instancias de parte han limitado la posibilidad de reforzar la presencia de la lengua vasca en los servicios públicos atendiendo a una recurrente presunción de desigualdad de acceso a la función pública por la exigencia de cualificación en euskera. Un enfoque de parte que halla complicidad o falta de sensibilidad en los tribunales. A la vista de las carencias constatadas por el Consejo de Europa, la normativa básica tendrá que orientar la acción de la Justicia a cumplir los compromisos internacionales del Estado español en materia de derechos lingüísticos mediante una base legal que trasponga a legislación interna las exigencias de los compromisos en defensa de las lenguas minorizadas. l