El precio de la vivienda libre en el mercado alcanza en el Estado niveles similares a los registrados a mediados de 2009, justo antes de que la crisis financiera gestada el año anterior en Estados Unidos se convirtiera en global tanto geográfica como sectorialmente. Los datos recopilados por el Ministerio español de Vivienda y Agenda Urbana reflejan un aumento del 5,7% de los precios de venta en el segundo trimestre, que se suma a la constatación de que la opción del alquiler es aún una alternativa muy poco asequible por la baja oferta y los precios exorbitados. En este último caso, la evidencia de que las medidas legales adoptadas con cierta polémica no han dado fruto se plasma en la reforma normativa que se prepara para compensar sus efectos contrarios a lo pretendido. En la compraventa de vivienda libre, el fenómeno es similar. La congelación del sector de la construcción, con una merma de nuevas promociones en los últimos años, se ha traducido en aumentos muy notorios del precio en las viviendas de segunda mano. Son las de más de cinco años las que más han elevado su precio de venta, por encima de la media. Es un fenómeno al que no escapan la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) ni la Foral de Navarra. En el caso de esta última, el aumento de precios ha sido en el segundo trimestre superior incluso a la media del Estado al alcanzar un 6,1%; en lo que respecta a la CAPV, aunque inferior al incremento general, el aumento sigue situando su mercado autonómico como el tercero más caro, solo superado por Madrid y Baleares. Oferta mermada y demanda incesante se traducen en una mayor dificultad de acceso a la vivienda que requerirá varios años de espera para empezar a ver resultados paliativos en las políticas públicas anunciadas. La iniciativa de las administraciones en favor de la vivienda pública requerirá de la cooperación del sector para asegurar un desarrollo de la oferta que no quede solo en manos de la capacidad institucional y que permita que el sector recupere la actividad en dimensión suficiente para propiciar precios razonables. No es de ninguna utilidad social limitar a la edificación pública el ritmo de respuesta a la demanda de vivienda, como no lo sería dejarlo en manos de una autorregulación ficticia del mercado. Solo la coordinación de capacidades ofrecerá alternativas.