La pendiente por la que se desliza la confrontación entre el Poder Judicial y el Legislativo parece no tener fin. En el modelo español de institucionalización democrática hay un fracaso latente que aflora cada vez que la independencia de la Justicia se somete a la conveniencia política. Este fenómeno se produce con protagonismo en ambos lados de la soka-tira: el sistemático descrédito al que se somete a los tribunales que no reflejan o responden a los intereses ideológicos de los partidos políticos y el alineamiento igualmente grave de los responsables de impartir justicia no con las leyes emanadas del legislativo que deben aplicar sino con la defensa de sus propias decisiones, no exentas de contaminación ideológica. Ejemplo del primer problema vuelve a dar el Partido Popular por boca de su presidente, Alberto Núñez-Feijóo, que carga contra el Tribunal Constitucional (TC) y cuestiona su independencia en unos términos que deberían ser contestados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A Núñez-Feijóo es preciso recordarle que la composición actual del TC es fruto del mismo sistema de elección vigente en las últimas cuatro décadas y que no parece haberle dado motivos para su cuestionamiento hasta que su interpretación de la Justicia difiere de su estrategia política. Sobre el segundo factor de deterioro de la imagen de la Judicatura española cabe atender a los términos en los que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha decidido impedir la aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados por el procés catalán. Una lectura forzada, más semántica que jurídica, del concepto de lucro personal asociado al delito de malversación, para autojustificar la sentencia firmada por los mismos magistrados para eludir el mandato de la norma, a la que los magistrados someten además a una crítica de naturaleza política impropia de su función e independencia. Este proceder de las diversas partes aboca a la constante judicialización de la actividad política y no asegura independencia de las instituciones que imparten derecho, con o sin pacto para renovar el CGPJ. No hace tanto que en el partido de Feijóo se jactaban de disponer de personas afines elevadas por impulso político a tribunales de referencia. Que esas personas confronten con las mayorías parlamentarias debilita a las instituciones democráticas.
