Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado un acuerdo de gobierno en primera persona. Una fase imprescindible para que el socialista aspire a seguir gobernando pero inocua en términos de mayorías. El pacto PSOE-Sumar, que fue el compromiso con el que ambas fuerzas acudieron a las elecciones generales, no añade solidez al panorama de respaldos necesarios. Más si cabe en tanto las tensiones internas en la coalición que encabeza Yolanda Díaz darían para especular que los cuatro escaños que atesora Podemos pretenden hacerse valer en términos de ministerios, según lo declarado públicamente por el partido de Belarra. Eso deja a Sánchez con sus 121 escaños y, obviando esta tensión interna, los 31 de Sumar y los seis que le dará gratis EH Bildu; siete, si el BNG cede el suyo. Es decir, en el mejor escenario, a 17 escaños de la mayoría absoluta. En consecuencia, la base de la sostenibilidad del próximo gobierno y, con ella, de la legislatura, está donde estaba: en PNV, JxCat y ERC. Y ninguno de los argumentos que deben acercar a estos a la investidura de Sánchez está contenido en lo suscrito con Díaz. Sánchez acude ahora a negociar con esos socios indispensables, a los que aún no ha convencido, con un acuerdo de lustrosos titulares de prensa cuya virtud no parece estar en su capacidad de generar adhesiones inquebrantables. En ese sentido, las medidas estrella se asemejan más a las promesas sobre las que sustanciar una próxima campaña electoral. La insistente unilateralidad con la que el PSOE y el espacio a su izquierda siguen considerando el entramado institucional del Estado despierta recelos. Lo verbalizó ayer el PNV al advertir su preocupación por las implicaciones de varias medidas estrella del acuerdo –vivienda y fiscalidad– para el autogobierno y las competencias autonómicas, que arrastran el negativo precedente de su escaso respeto en la anterior legislatura. La verdadera negociación en busca, no ya de la estabilidad, sino de la propia viabilidad de la legislatura está aún por aflorar. En el flanco catalán, el Consell de la República ha reclamado a JxCat bloquear la investidura de Sánchez y, pese a la ínfima participación y sin carácter vinculante, la consulta encarecerá la negociación en tanto Puigdemont buscará que el precio dé estabilidad a su liderazgo ante sus críticos. Una complicación adicional.
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