La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, encara hoy en ponencia del Congreso un primer listón que debe superar para poder aspirar a su aprobación en pleno este mes. Sería sorprendente que, dado el consenso amplio sobre la oportunidad de modificar los aspectos más lesivos de la norma implantada en 2015 por la mayoría absoluta del Partido Popular, esto no fuera posible por la dificultad de consensuar los últimos extremos de la misma y que estos la condenen a encallar. Para empezar el diagnóstico de situación es preciso recordar que ninguna de las fuerzas –ERC y EH Bildu– que hoy maximalizan su visión sobre aspectos concretos de la reforma hasta el punto de estar dispuestos a hacerla encallar, realizaron inciativa alguna para su modificación. La reforma a debate es fruto de una iniciativa del PNV que contemplaba 44 reformas sobre el texto de una ley que vino a sustituir a la de 1995, la primera en regular la actuación policial frente a los derechos ciudadanos. Un largo proceso de diálogo y esfuerzo por acordar han permitido alcanzar acuerdos en la redacción de 40 de esas reformas propuestas y, si bien es lícito discrepar sobre la regulación relativa al uso de material antidisturbios, el tratamiento de la desobedencia a la autoridad policial o los rechazos en frontera, es incuestionable que la reforma contiene también iniciativas en estos aspectos que mejoran el tratamiento anterior. La reforma tiene el calado suficiente para merecer su aplicación y no someter un avance posible a las limitaciones del maximalismo de quienes, siendo necesarios para aprobar esa mejora, se han sumado a ella a posteriori. No es momento de eludir una responsabilidad cuya dejación implicaría mantener en vigor una norma excesiva, unilateral y llena de elementos coercitivos, impropia del respeto a las libertades públicas que caracterizan a una democracia. Es imperioso ser consecuentes y que las fuerzas de la izquierda, por una mera escenificación dogmática, no acaben respaldando por su omisión de respaldar una buena reforma, los conceptos de seguridad y restricción de los derechos de expresión y manifestación que incorporó a la normativa la derecha. Hoy es momento de altura de miras y no de mirada corta al calendario electoral que marca este año.