EL bloque de investidura que proporciona soporte al Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial los grupos vascos PNV y EH Bildu, no solo se ha ido consolidando y cohesionando a medida que ha avanzado la legislatura sino que se ha fortalecido y conforma el eje sobre el que gira la política en el Estado, dotándole además de la necesaria estabilidad institucional en momentos complicados de crisis. La aprobación la semana pasada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) –los terceros del Ejecutivo de coalición– con una holgada mayoría de 187 votos fruto de múltiples acuerdos con las distintas formaciones de esta mayoría despeja así el horizonte en el tramo final de la legislatura y apunta al descarte casi definitivo de un adelanto electoral. La convalidación de las Cuentas, además, ha venido acompañada también en estos últimos días de otras muestras de la solidez de los apoyos parlamentarios a Sánchez, como la aprobación de los impuestos especiales a las entidades financieras, empresas energéticas y grandes fortunas –en este caso con la abstención del PNV, no por la medida en sí sino por las “deficiencias técnicas” que aprecia y que la hacen vulnerable a los recursos–, así como el primer paso dado en la Cámara para la eliminación del delito de sedición. El fortalecimiento de este bloque parece blindado a las tensiones y diferencias habituales entre sus componentes y en sus relaciones con el propio Gobierno Sánchez, como en la crisis de confianza en el ministro Grande-Marlaska en el caso de las muerte de migrantes en Melilla o los nefastos efectos de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Frente a ello, la actitud del PP de Alberto Núñez Feijóo sigue siendo la de alejarse de los pactos con el Ejecutivo, plantear una oposición dura y de desgaste ya en plena campaña preelectoral y escorarse aún más a la derecha con el objetivo de captar a los votantes de Vox. Una estrategia cuestionable y peligrosa, que le aísla de la política real como formación útil a la ciudadanía. Desde la perspectiva de Euskadi, los acuerdos con el Gobierno Sánchez en el curso de las negociaciones presupuestarias han traído importantes beneficios, como la Ley del Cupo y la oficialidad de las selecciones deportivas y más de 70 millones de euros en inversiones, además de el encauzamiento de la transferencia de los trenes de cercanías y del traspaso de la competencia de Tráfico a Nafarroa.