La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) de rechazar la suspensión cautelar solicitada por Quim Torra a la inhabilitación como miembro del Parlament dictaminada por la Junta Electoral Central (JEC) suma un nuevo disparate a la actuación judicial en el Estado español ante la crisis política con Catalunya. Que la solicitud de Torra se haya visto en una sala a la que pertenecen -aunque no participaran en la resolución- tres de los magistrados que, como miembros de la JEC, dictaminaron la inhabilitación, que el rechazo se haya fundamentado en una jurisprudencia más que dudosa en oportunidad y pertinencia jurídica y que el TS haya denegado la suspensión cautelar cuando habitualmente la concede ante sentencias pendientes de recurso y por tanto todavía no firmes solo da continuidad al despropósito. Este se inició ya cuando la JEC decidió que los lazos amarillos colgados en edificios públicos que solicitaban la libertad de los presos políticos por el procés representaban a un partido o a una ideología concreta y no a una demanda muy mayoritaria y ampliamente transversal en la sociedad y en la política catalanas. Que, en decisión más que discutible, Torra desobedeciera, como él mismo ha admitido, la orden de retirar los lazos llevó a una denuncia de la Fiscalía y a su inhabilitación por el TSJC, al recurso del president ante el TS y al siguiente dislate jurídico: la JEC, tras recursos de PP, Vox y Ciudadanos a una decisión contraria de la Junta Provincial de Barcelona, ordenó retirar a Torra su acta de diputado pese a la división en su seno (7 votos a favor y 6 en contra) respecto a su más que dudosa competencia para cesar a un diputado ya electo y en plena disposición de sus atribuciones y derechos. Que haya quien extienda esa más que problemática inhabilitación como diputado a su cargo de president porque a esta condición solo se accede desde la de parlamentario pese a que ninguna norma impida explícitamente al president seguir siéndolo suma ya el colmo de los desatinos. Porque lo que se pretende es cesar al máximo cargo institucional de Catalunya, designado por el Parlament en base a los votos de los representantes elegidos por la ciudadanía por no dar fin a tiempo a la expresión libre de una reclamación mayoritaria en la misma sociedad catalana. Dicho de otro modo, antes se impusieron a la voluntad democrática para cepillar el Estatut; ahora, para cepillarse a su gobierno.
