Que el compromiso de Pedro Sánchez y su gobierno con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika está explicitado tanto en el texto del acuerdo por el que el Grupo Vasco del PNV en el Congreso apoyó la investidura del hoy presidente del Gobierno del Estado como en las intervenciones de este en la Cámara es tan evidente como inexplicable que dicho compromiso sea necesario aún hoy, más de cuarenta años después de su aprobación, y que deba alcanzarse, de nuevo, a resultas de la precariedad parlamentaria de la mayoría política del Estado. Y son el inconcebible retraso en el cumplimiento de una ley orgánica que forma parte del denominado bloque constitucional y las reiteradas inobservancias por parte de los gobiernos del Estado de los acuerdos alcanzados tanto inicialmente para su aprobación como posteriormente para su desarrollo práctico los precedentes que conminan a exigir que las palabras plasmadas tanto en los acuerdos políticos como en el diario de sesiones se conviertan con rapidez en hechos. Dicha exigencia, mucho más que razonable tras cuatro décadas, se fundamenta además en la conveniencia de completar el calendario de transferencias -el propio Sánchez ha puesto el 2020 como límite- sin que las negociaciones de las mismas coincidan con el debate electoral que se abrirá con el final de la actual legislatura en el Parlamento Vasco. Y dicha posibilidad es algo más que cierta a poco retraso que se produzca en el inicio de las negociaciones para materializar las transferencias si se contemplan los antecedentes, repletos de dificultades en la comprensión, también la cuantificación, de las mismas por parte de la administración del Estado. El reclamo de una prudente diligencia es por tanto más que procedente, toda vez que será la voluntad política exhibida por Pedro Sánchez y su gobierno la que removerá resistencias que, por muy injustificables que sean a estas alturas, seguro se producen pese a que lo pactado no excluye ninguna de las más de treinta competencias aún pendientes. No en vano, además, los acuerdos con el PNV y otras fuerzas que han permitido trasladar la coalición de PSOE y Podemos al Consejo de Ministros señalan asimismo un compromiso ulterior, del que el cumplimiento estatutario es premisa, para hallar fórmulas legislativas a un nuevo y más amplio escenario de autogobierno.
