Las diputaciones vascas inyectan 540 millones al tejido económico contra el impacto de la Guerra de Oriente Medio

Las tres diputaciones forales de la CAV han acordado una batería de medidas para que el tejido económico de Euskadi pueda hacer frente a las previsibles consecuencias de la Guerra de Oriente Medio cuyo impacto se ha calculado en 540,5 millones de euros. Estas ventajas que aplicarán las haciendas vascas tendrán un especial impacto en las pymes, microempresas y autónomos que son los colectivos más vulnerables.

Las diputadas generales de Gipuzkoa y Bizkaia, Eider Mendoza y Elixabete Etxanobe respectivamente, y el diputado general de Araba, Ramiro González, han comparecido hoy conjuntamente en Donostia para dar una imagen de unidad y coordinación, conceptos que han reiterado durante sus intervenciones, y para anunciar las decisiones que desde el ámbito fiscal han adoptado que se encuentran en consonancia con las aplicadas en dos ocasiones críticas anteriores como fueron la pandemia de covid y la guerra de Rusia en Ucrania.

Mayor liquidez

El objetivo principal es dotar de liquidez a las empresas que es, según han coincidido en afirmar, una de las demandas fundamentales que les ha trasladado el ámbito empresarial. Para favorecerla, se establece un aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de las actividades económicas, se exoneran los pagos fraccionados del IRPF durante tres meses y se permite la amortización acelerada de los nuevos activos adquiridos, como puede ser la compra de una máquina.

También se ampliará el actual importe de la deducción por la creación de empleo. Si hasta ahora las empresas que crearan un puesto de trabajo indefinido con un salario similar al SMI más el 70% tenían una deducción del 25%, ahora será el 35% y, en el caso de que las personas contratadas sean mujeres o jóvenes, asciende al 45%. La quinta y última medida corresponde a los equipos técnicos de las haciendas vascas, que trabajarán por agilizar la devolución del IVA.

Reducción del IVA eléctrico

Estas medidas que representan una inyección de liquidez de 540,5 millones de euros se unen a las establecidas por el Gobierno español en relación con la electricidad. Aunque las tres diputadas generales han incidido en no mezclar ambas figuras, también han recordado que este anuncio representa en Euskadi una merma de recaudación de las haciendas forales que calculan en 232 millones de euros.

Según han explicado, las ventajas ofrecidas desde la fiscalidad se dirigen hacia el ámbito económico porque sostener la actividad de las empresas vascas, sobre todo la de aquellas que por su pequeño tamaño son más vulnerables a las consecuencias de los cambios geopolíticos, tiene una repercusión positiva directa sobre el empleo y, por lo tanto, sobre las familias. Preguntadas por la decisión de no acudir a una deflactación del IRPF, Eider Mendoza y Ramiro González han recordado que la reciente reforma fiscal aprobada en mayo del año pasado ya contempla medidas específicas para los colectivos más vulnerables con un impacto de 105 millones de euros ,en tanto que Elixabete Etxanobe ha añadido que la situación con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania que obligó a aplicar una deflactación es muy diferente, porque entonces la inflación subió al 10% frente al 3,3% actual.

Unidad

Las tres diputadas generales han querido transmitir "un mensaje de unidad" y han asegurado que los tres territorios trabajan en coordinación no sólo entre las entidades forales, sino también con el Gobierno Vasco. "Es momento de complementar las diferentes capacidades de cada institución y gobierno", han dicho, para añadir que la propia de las diputaciones es la fiscalidad "que es la que ponemos a servicio del país". "Ayudamos mejor si tomamos decisiones juntos", ha recordado Mendoza. Por su parte, Ramiro González ha asegurado que "a veces hablamos del autogobierno en abstracto, pero hay tenemos un ejemplo de lo que supone" que, en su opinión, se traduce en que "las empresas vascas van a poder afrontar la situación con ventaja respecto al resto de las del Estado".

Elixabete Etxanobe, tras incidir en el trabajo en común, ha subrayado que se trata de medidas acordadas con las propias empresas y se unen al "escudo industrial" de más de 1.000 millones de euros que anunció el Gobierno Vasco a mediados de marzo para proteger a las pymes.